130 mil asesinados, 30 mil desaparecidos, 300 mil desplazados: la cifra del Ejército en las calles

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Alondra García Lucatero

A 21 años de que el Ejército salió a las calles para enfrentar al crimen organizado, el saldo ha sido de 130 mil personas asesinadas, 30 mil desaparecidos y 300 mil desplazados, reveló Edgar Cortés Morales, coordinador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

Durante su participación en un foro de Derechos Humanos y Seguridad Pública, explicó que la militarización de las labores de seguridad pública comenzó en 1996, con la creación de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, señaló que el “uso intensivo de las fuerzas armadas en la seguridad pública” inició en diciembre de 2006, con la llamada guerra contra el narco que impulsó el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Vivimos en un periodo de 21 años con las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. La gran pregunta es si eso ha sido la mejor solución, si eso nos ha generado más seguridad a los ciudadanos… y la respuesta es no”, aseveró Cortés Morales.

En cambio, aseguró que la consecuencia de la militarización en México ha sido un incremento en la violencia. Prueba de ello, es la estadística de víctimas y criminalidad.

En 2006, antes de iniciar la guerra contra el narcotráfico, se registró uno de los índices más bajos de homicidios, ocho por cada 100 mil habitantes.

“Después de eso, se nos fue para arriba”, señaló Cortés Morales.

En 2007 se registraron 10 mil 253 homicidios, en 2011 la cifra alcanzó 22 mil 852 asesinatos. En 2016 la cifra fue similar.

Con la tendencia de homicidios dolosos que se ha registrado en los primeros tres meses de 2017, “es muy probable que se supere” la estadística de homicidios de los años anteriores.

Otras cifras que han resultado a 21 años de la militarización de la seguridad pública, indicó, son 130 mil personas asesinadas, 30 mil desaparecidos y 300 mil desplazados.

“Estos datos nos indican que no es una buena solución militarizar la seguridad pública”, aseveró.

Por ello, criticó que los legisladores estén “tratando de darle un contenido muy amplio” al artículo 89, fracción seis, de la Constitución, para facultar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública que son exclusivas de las autoridades civiles.

“Es un concepto ambiguo que se quiere construir con límites muy difusos y donde hay riesgos, donde incluso protestas sociales, acciones de resistencia no violentas, pudieran dar lugar a este tema de afectación de la seguridad interior”, advirtió.

 

 

 

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