Se tiene el diagnóstico pero no los recursos para mejorar el sistema penitenciario, aclara el gobernador Astudillo

La confrontación del jueves 6 de julio entre grupos criminales que de acuerdo con las autoridades de Guerrero disputan el control del Centro de Readaptación Social (CERESO) en Las Cruces, Acapulco, con un saldo de 28 muertos, exhibió la gravedad de no haber atendido las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó en un diagnóstico para subsanar una serie de deficiencias en el sistema penitenciario de Guerrero.

La madrugada del jueves, siempre de acuerdo con la versión oficial del gobierno estatal, se registró una riña en el módulo de máxima seguridad del CERESO de Acapulco entre grupos que se disputan el control del penal.

Los acontecimientos evidenciaron la crisis que padece desde hace años el sistema penitenciario en México, caracterizado por el imperio de la corrupción, el descontrol y el autogobierno del crimen organizado, casi siempre en colusión con las autoridades encargadas de administrar el penal.

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que en cuanto se le informó sobre lo que ocurría, ordenó poner en marcha un operativo para retomar el control del reclusorio.

Fue así que la Policía estatal tomó el control de todas las áreas del penal y la Policía Federal, junto con elementos de la Sedena aseguraron el perímetro y la zona exterior.

Adicionalmente, la administración estatal inició una investigación para determinar las causas y los responsables de la tragedia, dentro de la cual también son investigados funcionarios de la cárcel y de la administración penitenciaria.

Las imágenes del incidente que comenzaron a correr por redes sociales, muestran que al menos cinco hombres fueron decapitados y sus cuerpos colocados en la entrada principal del centro penitenciario; otros cadáveres fueron encontrados en diversas áreas del lugar, como en corredores del módulo de seguridad, en las cocinas, en el patio del bloque tres y en la zona de visitas conyugales, de acuerdo con información del vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.


Diagnóstico no atendido

Apenas en mayo, la CNDH informó que de 189 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en centros de detención e internamiento de Guerrero, sólo 38 fueron erradicadas.

Los datos corresponden al Informe de Seguimiento sobre 25 lugares de detención e internamiento que dependen de la Fiscalía y del gobierno de Guerrero, emitido por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la CNDH, en el cual se constata que persisten 129 de estas situaciones.

Entre los señalamientos destacan la falta de partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas, carencia de área específica de aseguramiento para adolescentes detenidos, falta de reglamento interno y manual de procedimientos, insuficiencia de personal y falta de capacitación al mismo.

El MNPT también corroboró la falta de un área exclusiva para mujeres, subsistencia de condiciones de autogobierno, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento, inadecuadas condiciones de higiene, suministro insuficiente de alimentos o de mala calidad, sobrepoblación y hacinamiento, cobros indebidos y áreas de privilegio, así como irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.

Solamente 22 de las observaciones señaladas por el mecanismo de la CNDH, registran avances encaminados a su atención. Pero a éstas se sumaron 11 al realizar una visita de supervisión al Centro Regional de Reinserción Social de Iguala.

El MNPT realizó visitas de seguimiento en marzo, como consecuencia del primer informe 5/2016, emitido en agosto de 2016, originado de visitas hechas con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, en las que se verificaron el trato y las condiciones de las personas privadas de la libertad.

 

Las recomendaciones

El Mecanismo solicitó al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Guerrero que garantice acciones para erradicar las conductas constitutivas de tortura.

Entre las recomendaciones que realizó la CNDH, se enumera que las autoridades reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene necesarias para garantizar a las personas privadas de la libertad una estancia digna y segura, alimento para los internos tres veces al día y en un horario establecido.

Indicó que los reos tienen derecho a que los alimentos sean con valor nutritivo suficiente para el mantenimiento de su salud.

En la recomendación también se solicita destinar un espacio exclusivo para mujeres. Sin especificar al respecto, la CNDH hizo un llamado a mejorar las condiciones de reclusión en los centros femeninos.

Además, el mecanismo plantea que la comunicación y las entrevistas de las personas privadas de la libertad con el defensor, familiar o persona de confianza, se realicen de forma libre y privada, y se garantice a los arrestados su derecho a comunicarse con el exterior y que se cuente con teléfonos públicos destinados al uso de estas personas.

La comisión hizo un llamado a que los servidores públicos que conozcan de un probable acto de maltrato o tortura que sufra una persona durante la detención o mientras permanece privada de la libertad, de inmediato se haga del conocimiento del Ministerio Público.

Otro llamado fue a que los servidores públicos que conozcan de un probable acto de maltrato o tortura que sufra una persona durante la detención o mientras permanece privada de la libertad, de inmediato se haga del conocimiento del Ministerio Público.

Destacó la necesidad de que se implementen programas de capacitación en materia de derechos humanos, prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que contemplen los temas del uso racional de la fuerza y manejo de conflictos, dirigidos a los servidores públicos responsables de la imposición de las sanciones administrativas y de la custodia de las personas privadas de la libertad, a fin de mejorar el manejo en el trato con los reos e internos de los centros de reclusión.

La CNDH dio a conocer que el informe, que ya fue debidamente notificado a su destinatario, puede ser consultado a través de su página de internet.

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, elaborado también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se indica que el puntaje medio de los penales de Guerrero empeoró al pasar de 4.99 a 4.39 (en una escala de 10) entre 2015 y 2016.

De acuerdo con datos de ese diagnóstico, las problemáticas detectadas en los penales de Guerrero son: el autogobierno o el cogobierno, la falta de prevención y la atención de incidentes violentos, la sobrepoblación, el hacinamiento, así como la separación entre procesados y sentenciados.

Entre las cárceles guerrerenses, la que obtuvo la peor calificación en 2016 fue la de Chilpancingo, con 3.91 puntos; seguida por la de Taxco, con 4.39; Iguala, 4.48, y Acapulco, 4.76.

 

Faltan recursos para mejorar cárceles: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores, explicó que a pesar de contar con el diagnóstico de la CNDH sobre las deficiencias del sistema penitenciario, no se han podido subsanar la situación por factores como la falta de recursos financieros y “porque hay una gran cantidad de reos procesados del orden federal y del fuero común, que ocasionan un hacinamiento”, aunque aclaró que no se trata de estar buscando excusas, sino de explicar la situación real.

En entrevista con diversos espacios noticiosos a nivel nacional, el gobernador informó que tras la riña en el penal, se ha determinado que los responsables de provocarla podrían ser integrantes del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).

“De acuerdo con reportes que se tienen, el grupo delictivo normalmente siempre ha peleado por tener el control de ese penal, y ahora atacó a integrantes de otros grupos diversos que no comparten con ellos”, afirmó el mandatario.

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