Congreso clama por justicia y orden, tras la masacre en el penal de Las Cruces

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Plantean la comparecencia del gabinete de seguridad     

A cinco días del asesinato de 28 internos del  penal de Las Cruces, de Acapulco, las fracciones parlamentarias del PRD y Movimiento Ciudadano solicitaron la comparecencia del secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, y del sub secretario del Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Orihuela, para que expliquen la situación de los Centros de Reinserción Social  (CERESOS) de la entidad. 

En otra intervención parlamentaria, la fracción del PRI condenó  los hechos ocurridos en dicho CERESO y solicitó que el secretario de Seguridad Pública, el Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, investiguen y castiguen a los responsables de la masacre. 

Las fracciones del PRD y Movimiento Ciudadano presentaron puntos de acuerdo por separado para solicitar la comparecencia de los tres funcionarios, quienes dijeron, deben explicar las condiciones en las que operan los CERESOS del estado, así como rendir un informe de los hechos ocurridos en el penal de Acapulco.

Carencia de autoridad

La coordinadora de la bancada del PRD, Erika Alcaraz Sosa, expuso que el multi homicidio de 28 reclusos mostró que hay una carencia de autoridad por parte de los funcionarios y guardias responsables de la cárcel, la que desde hace varios años se ha mostrado como ingobernable, ya que en el se han registrado asesinatos, fugas, riñas y motines. 

Recordó que en los últimos seis años han pasado trece directores por el  CERESO de referencia. La mayoría han sido destituidos y están bajo  investigación;  uno fue asesinado, y  otro se encuentran prófugo, pero ninguno se encuentra en prisión por la comisión de ilícitos. 

“La masacre en el Penal de las Cruces solo es muestra de la opacidad y fractura de la promesa de orden y justicia que se prometió con este nuevo gobierno. El sistema penitenciario representa la punta de la crisis de justicia, pues representa el microcosmo de corrupción e impunidad que se transita desde la procuración de justicia hasta la ejecución de las penas”, criticó al presentar el punto de acuerdo. 

La bancada perredista consideró necesaria la comparecencia de Pedro Almazán Cervantes, y Miguel Ángel Orihuela para que rindan un informe pormenorizado de los hechos que motivaron la riña acontecida el jueves pasado en el penal de Las Cruces, así como de la situación administrativa, jurídica y técnica que guardan los demás centros penitenciarios en la Entidad. 

A cuentas, el gabinete de seguridad

El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, solicitó que además del secretario de Seguridad Pública comparezca el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien dijo, también es responsable de los temas de seguridad pública en la entidad. 

El legislador fundamentó que el 18 de agosto del 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe 5/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de detención e internamiento que dependen del gobierno estatal  y de la Fiscalía General del Estado, en el cual se realizó un diagnóstico sobre la situación de las personas que se encuentran en los lugares de detención e internamiento en la entidad.

Dijo que el informe indica que el gobierno del estado y la Fiscalía General son los responsables de garantizar el pleno derecho de las personas que se encuentran detenidas e internadas, con el fin de prevenir situaciones de riesgo que pueden derivar en tortura o maltrato a las personas. 

Enfatizó en la importancia de la comparecencia del secretario General de Gobierno, quien dijo es autoridad en la materia y no puede elidir sus responsabilidades. 

Ambas propuestas fueron turnadas a la Junta de Coordinación Política (JUPOCO) para su dictaminación. 

Por su parte, la bancada del PRI solicitó que los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública,  de la Fiscalía General del Estado, y del Tribunal Superior de Justicia, investiguen y castiguen a los responsables del homicidio de 28 reclusos en el CERESO de Las Cruces, lo cual fue aprobado por unanimidad. 

Además, que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas brinde apoyo a los familiares de las reos que perdieron la vida en la masacre ocurrida la madrugada del pasado jueves. 

“Que dados los hechos violentos en el que perdieran la vida un número considerable de personas internas del Centro de Reinserción Social de Acapulco, se hace necesario que la Comisión de Atención a Víctimas del estado de Guerrero (…) proceda a la implementación de las medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención, para que posteriormente, en tiempo y forma, proceda a la aplicación de las medidas de reparación integral a la que tuvieran derecho las víctimas”, señaló el diputado Cuauhtémoc Salgado al presentar el exhorto. 

El diputado del PT, Fredy García Guevara, presentó una adición al punto de acuerdo  propuesto por la bancada del PRI, para que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, se avoque a realizar las quejas correspondientes y procedimientos contra servidores públicos que hayan tenido responsabilidad en los hechos, la cual fue aprobada por unanimidad.  

 

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