El ERPI rechaza la vinculación con el asesinato de Armando Chavarría, ex líder del Congreso local

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El crimen fue planeado desde el Estado, asegura el grupo guerrillero 

Vía comunicado, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) rechazó tener alguna vinculación con el asesinato de Armando Chavarría Barrera, ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, asesinado el 20 de agosto de 2009.

El lunes 26 de junio, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez compareció ante comisiones unidas del Congreso local, en dicho encuentro anunció que en un término de tres semanas a más tardar, daría información que esclarecería el asesinato de Armando Chavarría Barrera, ocurrido el 20 de agosto de 2009.

Al momento del crimen, Chavarría Barrera se perfilaba como candidato a la gubernatura por el PRD, pese a la conmoción que generó el hecho, han pasado casi ocho años y por lo menos ocho titulares de la FGE, sin que hasta el momento se haya logrado conocer la verdad.

En el transcurso de la semana, se manejó la versión de que durante los días sábado 8 o domingo 9 de julio, el fiscal Olea Peláez se presentaría al Congreso local para entregar información relacionada con los autores materiales e intelectuales del crimen, al tiempo en que solicitaría la liberación de órdenes de aprehensión contra los mismos.      

 

El ERPI se anticipa

En un comunicado difundido a través del correo electrónico, el ERPI recordó que Chavarría fue ejecutado en el contexto de un enfrentamiento político con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, precisamente “en la disputa de la candidatura del PRD al ejecutivo estatal”.

De acuerdo al comunicado del ERPI, Torreblanca Galindo fue señalado  por la opinión pública de ser el autor intelectual del asesinato del dirigente perredista, ya que trató de desviar la atención filtrando información a la prensa sobre dos líneas de investigación: la primera de tipo pasional y la otra que señalaba al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente ERPI.

Respecto a la línea que apunta hacia la guerrilla, el grupo armado indica que la otrora  Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía General del Estado y el CISEN “armaron una mala novela policiaca integrada por la declaración de Raúl Jiménez García -el miliciano Pedro- supuesto ex guerrillero, notas periodísticas, informantes anónimos y comunicados del ERPI publicados en la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema)”.

Según la narrativa del supuesto ex guerrillero Jiménez  García, se habría planeado el asesinato de Armando Chavarría en  una reunión del ERPI que se llevó a cabo en Tlapa  en la casa de Roberto Ángel García, encabezada por el comandante Ramiro, el 19 de agosto de 2009 (un día antes del crimen) a la que supuestamente asistieron miembros del ERPI, políticos del PRD, así como Dolores Padierna y René Bejarano.

“De acuerdo con esta mentira, antes de retirarse de la reunión el Comandante Ramiro encargó la ejecución de Armando Chavarría a Miguel Ángel Serafín identificado como el comandante Beto  y a Roberto Ángel García. En el expediente de la declaración,  el miliciano Pedro dice que los autores materiales  fueron Camerino Florentino Cayetano y Miguel Díaz Escobar, originarios de Tepecoacuilco y Quechultenango respectivamente”.

En la versión oficial, el ERPI refiere que “el miliciano Pedro”, a quien señala como informante del CISEN, ese 20 de agosto acompañó a Miguel Ángel Serafín a un recorrido por varios municipios de la región de la Montaña, por lo que escuchó cuando le informaron vía telefónica al “comandante Beto”  que Armando Chavarría ya había sido ejecutado en la capital del estado. 

Se anota que el testimonio del “miliciano Pedro” fue desestimado por el Poder Judicial de la Federación mediante el Juzgado Séptimo de Distrito, órgano jurisdiccional que no concedió las órdenes de aprehensión contra Miguel Ángel Serafín, alias “comandante Beto”, Camerino Florentino, Roberto Ángel García y Miguel Díaz Escobar. 

Por tanto, el ERPI destaca que la historia es falsa incluso  a  los ojos del Poder Judicial de la Federación, por eso, insiste en que la trama ideada para culpar al ERPI de dicho asesinato, se ha convertido en una herramienta útil al gobierno del estado para criminalizar al movimiento social y a políticos del PRD, al acusarlos  de tener relación con la guerrilla y de estar involucrados en el asesinato del dirigente.

Por eso, a poco tiempo de que la FGE de a conocer la información que tiene sobre el caso, el ERPI destacó: “Rechazamos que el ERPI estuvo involucrado en el asesinato del diputado Armando Chavarría,   esa reunión entre guerrilleros y  políticos del PRD  jamás existió. El Comandante Ramiro fue ampliamente reconocido como uno de nuestros militantes,  pero nunca estableció algún tipo de relación ni personal ni política con el diputado asesinado”.

También rechazan que Raúl Jiménez García, “miliciano Pedro”, haya sido miembro de nuestra organización.

Él se identifica con credencial del IFE JMGRRL85033012H80, es originario de Zacacoyuca, pero con domicilio en Iguala y cuya fotografía se aprecia en el expediente.

También se rechaza que Miguel Ángel Serafín “comandante Beto”, Roberto Ángel García, Miguel Díaz Escobar, Camerino Florentino, Demetrio Rosendo, junto con una larga lista de personas que se mencionan en el expediente formen parte de la estructura del ERPI.

En el caso de Jacobo Silva Nogales, conocido como ex comandante Antonio, el grupo armado refiere que tras su detención el 19 de octubre de 1999, no participa en actividad alguna del ERPI, de tal suerte que tampoco pudo haber planeado ni participado en el  homicidio en mención.

Señalan que si el gobierno actual quiere reivindicarse, entonces el fiscal Javier Olea Peláez debe detener al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, el ex ttular de la Auditoría General del Estado(AGE), Ignacio Rendón Romero y el ex diputado local Carlos  Álvarez Reyes entre otros.

En ese crimen, recordaron que estuvieron involucrados elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME),

según lo dicho por el comandante Trinidad Zamora Rojo al ex procurador Alberto López Rosas.

El comunicado cierra con una exigencia al gobernador Héctor Astudillo Flores, en el sentido de que no continúe con la versión en la que se acusa  a la guerrilla del asesinato de Armando Chavarría Barrera, ya que dicha versión solo se maneja para engañar a la opinión pública.

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