Lo hizo llegar de manera clandestina, reprocha coordinador del MC

En sobre cerrado y con la leyenda “confidencial” rotulada al frente, la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia del Congreso local recibió un informe relacionado con las investigaciones que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha realizado en torno al asesinato cometido en agravio de Armando Chavarría Barrera, la mañana del 20 de agosto de 2009.

La mañana del miércoles 9 de agosto, el titular de la FGE, Xavier Olea Peláez declaró a los medios que ya había entregado al Congreso local un informe relacionado con las investigaciones que se han realizado en torno al asesinato de quien fuera líder del Poder Legislativo de Guerrero, mismo que era percibido como un aspirante natural a la candidatura a gobernador por el PRD, partido que en aquel tiempo encabezaba la administración pública estatal.

Olea no precisó si el contenido de dicho informa implicaba lo que había prometido en su comparecencia ante comisiones unidas la mañana del 26 de junio, esclarecer el crimen cometido hace ocho años atrás.

Ese mismo miércoles sesionó la Comisión Permanente de la Cámara de diputados, pero ninguno de los integrantes confirmó la entrega de dicho informe, por lo que diputados como Silvia Romero Suárez del PRD, Eduardo Cueva del PVEM y Ricardo Mejía Berdeja del Movimiento Ciudadano (MC) lo desmintieron.

Si hay informe

En el inciso “A” de la Orden del Día que el Congreso local desahogó la jornada del miércoles 16 de agosto, destaca la recepción de un oficio signado por la diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Junta de Coordinación Política, en el que comunica “la recepción del informe presentado por el licenciado Xavier Olea Peláez, fiscal general del Estado e relación a las investigaciones del caso del homicidio del licenciado Armando Chavarría Barrera”.

Al término de la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho Díaz explicó que el documento de referencia lo recibió la diputada Añorve Ocampo, en su calidad de presidenta de la Junta de Coordinación Política.

Aunque el fiscal sostiene que el documento se entregó dos semanas antes del 9 de agosto, la diputada Camacho Díaz explicó que fue hasta la mañana del 16, previo a la sesión de la permanente cuando se informó en junta previa sobre la existencia del informe.

“Nos informó que a su oficina había llegado un sobre cerrado que dice confidencial, que en su interior trae el informe del fiscal, por eso se dio cuenta de ello a la sesión de la Permanente, el cual ya se turnó a la Junta de Coordinación Política, así como a las comisiones de Asuntos Políticos y la de Justicia”, anotó.

La integrante de la fracción parlamentaria del MC, señaló que el contenido del informe se distribuirá entre los diputados que integran la Junta de Coordinación y las comisiones antes señaladas.

Preciso que el asunto es solo para el conocimiento de los diputados, ya que jurídicamente no se tiene ningún alcance.

Aunque reconoció que no ha leído el contenido del informe, la diputada Camacho Díaz reconoció que no espera datos reveladores, de hecho, nada que vaya más allá de lo que en su momento ya ha comentado el fiscal Olea Peláez.

Ni materia ni competencia

Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia, recordó que el Congreso está obligado a guardar la secrecía en torno a las investigaciones que se han realizado sobre el tema, por lo que anticipó que los diputados no habrán de hacer ninguna difusión del informe que tienen en sus manos.

“Nosotros creemos que en ese documento pueden venir algunas líneas de investigación y se puede violar el debido proceso; nosotros se lo daremos a conocer a los diputados integrantes, pero no será un documento que se pueda exhibir públicamente”, aseguró Vicario Castrejón.

Recordó que los diputados del PRI nunca plantearon que se hiciera llegar ningún informe al Congreso, ya que los diputados no tienen facultades para darle seguimiento.

Más allá de difundir el contenido del documento, dijo que lo que se reclaman son resultados concretos, como la aprehensión de los autores materiales e intelectuales del asesinato, lo que no se ha conseguido.

Agregó: “Nosotros no haremos ninguna evaluación del informe presentado porque no tenemos materia ni competencia, esas son atribuciones de la Fiscalía y es asunto de las instancias jurisdiccionales”.

Se entregó en la clandestinidad

El coordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja consideró que el informe se entregó clandestinamente, en un acto que constituye una arbitrariedad.

Reprochó que el escrito no se haya entregado ante la Oficialía de Partes ni a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, sino que se haya canalizado en forma clandestina a la oficina de la diputada Flor Añorve Ocampo.

Consideró como grave, al hecho de que el fiscal use al  Congreso como coartada para justificar  su ineficiencia, porque  deja  constancia publica de sus malas actuaciones en la institución a su cargo.

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