El coordinador de la fracción del Movimiento Ciudadano del Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que el asesinato de quien fuera dirigente de su partido en la región Tierra Caliente, Ángel Vergara Chamú, fue con el objetivo de cerrarle el paso a “una legítima aspiración política”.

El legislador presentó un exhorto en tribuna para que el Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, realice una investigación a fondo de manera inmediata, y aplique la ley a los responsables del asesinato, además de una condena de parte del Congreso al asesinato de Vergara Chamú, el cual fue aprobado por unanimidad.

El legislador recordó que la víctima fue dos veces candidato a la presidencia municipal de Ajuchitlán del Progreso quedando cerca de ganarla, y afirmó que con la aprobación del Frente Ciudadano por México, él sería el ganador de la contienda en el próximo proceso electoral, razón por la que fue asesinado.

“Fue dos veces candidato  a la presidencia municipal de Ajuchitlán del Progreso,  en ambas se quedó  muy cerca de ganar,  y sin duda,  con el apoyo  del Frente Ciudadano hubiera sido el próximo alcalde de Ajuchitlán del Progreso. El objetivo de sus victimarios  fue no solamente arrebatarle la vida de manera cobarde, sino también cerrarle el paso a una legítima aspiración política”, expresó.

Mejía Berdeja indicó que la impunidad que  hay en Guerrero genera más violencia, más muertes, y más dolor, puesto que si los delincuentes saben que asesinar, extorsionar o secuestrar no tiene ninguna consecuencia, eso se convierte en un “estímulo perverso” para que sigan delinquiendo.

Señaló que hasta el mes de agosto la Fiscalía General del Estado ha acumulado 1540 carpetas de investigación, convirtiendo a esta entidad en la más alta de todo el país, pues cada carpeta, además, puede integrar un multi homicidio.

Hizo una comparación sobre los costos de la violencia en Guerrero con los desastres naturales ocurridos en este mes, pues mientras que la reconstrucción del sismo del pasado 19 de septiembre costará 39 mil millones de pesos, en 2016 los hechos de inseguridad en el estado tuvieron un costo de 192 mil millones de pesos, según datos que aportó del Instituto para la Economía y la Paz.

En otro punto de la sesión de este día, el diputado Silvano Blanco de Aquino señaló que de manera extra oficial tiene conocimiento que el ex alcalde de Zirándaro de los Chávez, Catalino Duarte  Ortuño está muerto y la Fiscalía General del Estado lo oculta y pretende hacer creer que desapareció.

“Hay que decirlo con mucha puntualidad, al compañero Catalino Duarte extraoficialmente sabemos que fue asesinado, es decir, ahorita es más fácil para el sistema decir que está desaparecido el compañero. No está desaparecido, de manera extraoficial nosotros sabemos que efectivamente el compañero fue asesinado”,  dijo.

El diputado local  respaldó la posición de su compañero de bancada al señalar que el asesinato de Ángel Vergara Chamú es un crimen político ya que era el virtual candidato del Frente Ciudadano por México a la alcaldía de Ajuchitlán del Progreso.

Blanco de Aquino subió a tribuna para cuestionar la investigación que lleva la Fiscalía General del Estado sobre el asesinato de quien fuera presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, del cual, dijo, muestra pocos avances.

Lamentó que el titular de la dependencia, Xavier Olea Peláez,  insistiera en la versión de que Chavarría fue asesinado por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), pese a que un juzgado federal determinó en 2010 que no había elementos para sostener esta hipótesis.

“El ánimo del fiscal fue quizás el hecho de pretender ya liberarse de esa enorme responsabilidad que tiene con esa investigación, quizás de una forma para ya cerrar totalmente el asunto y decir que se hizo un esfuerzo pero al final fue el juez el que negó la orden de aprehensión en contra de los responsables”, criticó. 

Silvano Blanco consideró que es prudente que el Congreso se pronuncie por la renuncia del fiscal, de lo contrario incurriría en una negligencia.

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