Gobernador propone a un priista para magistrado del TSJ

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El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, remitió al Congreso local el nombramiento para su discusión y ratificación, en su caso, del maestro Paulino Jaimes Bernardino como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, así como el de la licenciada Norma Leticia Méndez Abarca.

En la sesión del Pleno que se desarrolló la jornada del jueves, la Mesa Directiva notificó que el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, remitió ambos nombramientos a los diputados locales a fin de ser ratificados.

Jaimes Bernardino es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero en donde también realizó sus estudios de maestría en Derecho Penal. Ha laborado en el Tribunal Electoral del Estado como secretario de estudio y cuenta de la tercera sala regional, secretario general de acuerdos de la tercera sala regional y juez instructor de la misma sala.

En octubre de 2014 fue nombrado magistrado electoral en este estado por el Senado de la República, sin embargo, un mes después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo revocó al considerarlo inelegible por haber ocupado un cargo de dirección partidista previo a su designación.

Paulino Jaimes Bernardino tiene vínculos partidistas con el PRI, pues su revocación como magistrado se debió a que de ocupó el cargo de secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Municipal de dicho partido en Taxco, y fuentes del Congreso local informaron que se desempeña como asesor de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada priista Flor Añorve Ocampo.

En el caso de la licenciada Norma Leticia Méndez Abarca no se tienen datos públicos sobre su currículum pero se sabe que actualmente es jueza de primera instancia del Juzgado Familiar del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Chilpancingo.

Ambas propuestas fueron turnadas a la Comisión legislativa de Asuntos Políticos y Gobernación para su discusión y dictaminación, que según la Ley Orgánica del Poder Legislativo tendrá que ser en un máximo de 30 días.

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