Insostenible, la permanencia del fiscal Xavier Olea Peláez

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No ha resuelto ningún crimen de alto impacto

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja consideró insostenible la permanencia del abogado Javier Olea Peláez en la Fiscalía General del Estado, pues no hay avances en ninguno de los crímenes de alto impacto que se han registrado durante el tiempo en que ha permanecido en el cargo.

Mejía Berdeja sostuvo que el principal freno que se tiene para alcanzar el desarrollo en la entidad es la inseguridad y la violencia, que son alentados por la impunidad que prevalece en casi todos los casos.

El coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC), sostuvo que si bien el problema de la FGE es de tipo estructural, también se enfrenta una evidente falta de liderazgo de parte del titular.

Recordó que el fiscal Olea estableció compromisos concretos en su última comparecencia, los que hasta el momento no ha cumplido, lo que dejan mal parada a la institución.

“Nos deja pensando que tenemos en la FGE una persona que no está al cien porciento en su trabajo como fiscal, que sigue pendiente de su despacho, a trasmano pero siempre dando seguimiento a diferentes asuntos, lo que no le permite estar por completo en la institución”, sostuvo.

Recordó que el fiscal no ha cumplido con la detención del narcotraficante y secuestrador Raybel Jacobo Dealmonte, quien control parte importante de la Tierra Caliente.

También falló en el ofrecimiento de esclarecer el crimen cometido en agravio de Armando Chavarría Barrera, como tampoco ha conseguido gran cosa en los asesinatos de Demetrio Saldivar Gómez, secretario general del PRD en Guerrero, Angel Vergara Chamú, dirigente del MC en Ajuchitlán del Progreso y una larga lista de crímenes de alto impacto.

“En la mayoría de los casos que se registran, las familias de las víctimas están condenadas a enfrentar la impunidad, porque no hay un Ministerio Público bien dirigido”, reprochó.

Un ofrecimiento que no se cumple, es el que hizo en el sentido de sanear a la Policía Ministerial del Estado (PME), ya que dijo que al menos 300 agentes estaban relacionados con el crimen organizado, también reconoció que hay otros 300 no certificados, lo que también requería cambios de fondo.

En consecuencia, dijo que la institución que más problemas genera para el estado de Guerrero es la FGE, en el que a pesar de ser un órgano autónomo, su titular puede ser removido si el Ejecutivo local ejerce la facultad de remoción, misma que se encuentra considerada en el artículo 142 de la Constitución Política del Estado.    

Lamentó que hasta el momento, el juicio político que se promovió contra el fiscal Olea no proceda, mientras que la revocación de mandato promovida contra el alcalde de Chilpancingo, Marco Antoni Leyva Mena estaba por dictaminarse en menos de diez días.

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