En dicho municipio van más de 200 asesinatos en lo que va del año, el transporte público está restringido

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) negó al colectivo “Siempre vivos” la asignación de personal adicional de la Policía Federal (PF), con la intención de atender la “crisis humanitaria” que se enfrenta en Chilapa, municipio en donde durante 2017 se han registrado por lo menos 200 asesinatos y el servicio de transporte público hacia Tixtla y Chilpancingo está suspendido por falta de garantías.

La tarde del 2 de octubre, aproximadamente a las 17:00 horas, el vocero del colectivo “Siempre vivos” de Chilapa, José Díaz Navarro recibió un escrito de respuesta a la petición de auxilio hecha la jornada del 13 de septiembre ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

En el documento de petición, el colectivo de referencia plantea la necesidad de asignar personal adicional de la PF con la intención de restablecer la armonía y la paz social en la zona.

En el documento de respuesta se invoca la Constitución General de la República para para argumentar que la seguridad pública es una tarea que le compete atender a los tres niveles de gobierno.

Después, sin desestimar la importancia del planteamiento de los habitantes de Chilapa, se sugiere recurrir en una primera instancia a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, a quien se anota: “le corresponde llevar a cabo las acciones encaminadas a garantizar la seguridad pública, para salvaguardar la integridad y derechos de las personas”.

También explica que las unidades de Gendarmería y Fuerzas Federales ya cuentan con despliegues operativos asignados en la entidad, que actúan de manera coordinada con las autoridades estatales en tareas específicas.

Se agrega que derivado de los hechos que se han registrado en diferentes entidades, “un número importante de integrantes que conforman la Policía Federal (PF) se encuentran desplegados para realizar funciones para el restablecimiento del orden y la paz públicos, así como prevenir e investigar la comisión de delitos, entre otros”.

Y cierra: “Por el momento no es posible adicionar recursos humanos a los ya existentes en el estado de Guerrero”.

La respuesta de la PF está firmada por la inspectora Jacquine Orozco Rebollar, directora general adjunta de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la PF.

El envío de dicho documento generó malestar en el colectivo «Siempre vivos» de Chiapa, que confiaban en tener una respuesta positiva.   

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