La comisión no cuenta con dinero y las necesidades muchas

Familiares de personas desaparecidas, así como desplazados de diferentes ciudades de Guerrero, solicitaron financiamiento para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ya que hasta el momento no está en condiciones de apoyar a cientos de familias afectadas por la violencia que genera el crimen organizado.

La jornada del miércoles 25 de octubre, en la Sala José Francisco Ruiz Massieu se desarrolló una reunión entre integrantes de diferentes colectivos, quienes dialogaron con el presidente de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), Luis Camacho Mancilla; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno y los diputados que presiden las comisiones legislativas de Derechos Humanos, Seguridad Pública y Presupuesto.   

De entrada, señalaron el hecho de que las instituciones públicas carecen del personal suficiente para atender el problema de las personas desaparecidas.

Por ejemplo, en la Fiscalía Especializada en Personas no Localizadas, dependiente de  la Fiscalía General del Estado (FGE), solamente existe una titular, un comandante y tres trabajadores administrativos para todo el estado, lo que no permite que haya condiciones para la búsqueda de las víctimas

“Todo lo hacen vía oficio, mandan la información hacia otras fiscalías y se acabó; esas son sus búsquedas y de esa manera nunca vamos a dar con nuestros desaparecidos”.

En cuanto a la CEEAV, señalaron que existe un organismo local, que preside Luis Camacho Mancilla y la delegación de la instancia federal, que opera en el puerto de Acapulco.

Ninguna de las dos oficinas opera, en ambos casos, el argumento que se ofrece de manera constante a las familias es el de la falta de recursos.

Reprocharon que hasta el momento, se desconoce si los agentes del Ministerio Público (MP) manejan adecuadamente el protocolo para actuar en caso de que haya desapariciones forzadas.

Lamberto Castro de la Cruz, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, indicó que en sus expedientes hay casos de personas que murieron a manos de personas uniformadas o por grupos que se desplazaban en vehículos que al parecer son oficiales.

“Mi preocupación es conocer su postura como legisladores, pues cada uno debe realizar la responsabilidad que se comprometió a ejercer cuando tomó protesta en el cargo”, dijo a los diputados.

Lo que ven hasta el momento, es que hay en el Congreso mucha división y que las cosas se politizan de manera inadecuada, sin atender lo que ya se percibe como una clara crisis humanitaria.

“No tendríamos la necesidad de venir a decirles que hacer; ustedes ya lo saben, pero el problema crece desde el año 2006 y hasta el momento no percibimos que el Congreso se comporte a la altura”.

Enseguida, reprochó que cada que los padres y hermanos de las víctimas deben desplazarse hacia algún punto de la entidad lo hagan con recursos que no tienen, principalmente porque en muchos casos, el desaparecido representaba el principal ingreso familiar.

“Hemos buscado que cuando una persona padece una enfermedad, nos cooperamos de a 10 o 20 pesos para comprar los medicamentos del compañero; cuando una persona se traslada de su comunidad y no tiene para sus pasajes también lo hacemos. Eso es muy lamentable y vergonzoso”, reprochó Castro de la Cruz.

No tenemos recursos

Luis Camacho Mancilla, titular de la CEEAV explicó que ha estado trabajando en la revisión del reglamento del organismo, para darle la institucionalidad que necesita y generar el Fondo Estatal de Atención.

Con base a la información que proporcione la CEEAV, en el ejercicio fiscal 2018, con base a la Ley 450, de atención a víctimas del estado debe canalizar una asignación del 0.14 porciento del gasto programable, el cual en el caso del ejercicio 2017 ronda por los 38 mil millones de pesos.

Bajo dicha estimación, dijo que la asignación del Congreso para el año entrante, será de 5 millones 600 mil pesos para integrar el Fondo Estatal de Atención a Víctimas (FEAV).

En estos momentos dijo que no se ha podido materializar en Guerrero, ya que cuando e modificó la ley 450 el ejercicio fiscal estaba en marcha y no se consideraron recursos presupuestales para la CEEAV.

En resumen, dijo que para lo que resta del año, no hay dinero considerado para atender a las familias de víctimas de desaparición.

Lo que se atiende en estos momentos, dijo que es el aspecto de la asesoría jurídica, razón por la que se ha dispersado personal en las siete regiones de la entidad.

Manuel Olivares Hernández, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dijo que lo importante es que haya un compromiso puntual, para que se canalicen recursos a la CEEAV y se destinen recursos para estar en condiciones de apoyar a las familias agraviadas.

Propuso que se firme un convenio entre el gobierno de Guerrero y la CEAV federal para que se respalde a las victimas, la razón por la que la administración estatal no quiere promover dicha firma es que los recursos se canalizarían a manera de prestamos y se recuperarían para la federación el año entrante.

Esa situación dijo que es completamente ajena para las víctimas.

“La gente tiene muchas problemas, muchas necesidades y se necesita generar los recursos que les permitan atender dichas necesidades”, indicó.

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