PRD y MC pedían al gobernador su destitución, mandan un exhorto a comisiones

Las bancadas del PRI y del Partido Verde Ecologista de México se unieron para rechazar dos exhortos de urgente y obvia resolución presentados por las fracciones del PRD y Movimiento Ciudadano, sobre la petición de que el Gobernador ejerza su facultad para separar del cargo al Fiscal General del Estado, y para que los ayuntamientos que presentaron daños por el huracán Max, y los sismos registrados el mes pasados envíen a la legislatura  un censo de daños.

En la sesión de este jueves, la fracción parlamentaria del PRD, presentó el primer exhorto para que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, ejerza su derecho constitucional y remueva del cargo al Fiscal General, Xavier Olea Peláez, “por su evidente falta de responsabilidad, profesionalismo, probidad y eficacia” al frente de la dependencia.

La coordinadora de la bancada, Erika Alcaraz Sosa, argumentó que es imperativo para la vida política, democrática e institucional del estado, que los titulares de los Organismos Autónomos, así como de cualquier entidad de la administración pública centralizada o descentralizada del Ejecutivo del estado, así como de la estructura del Poder Judicial y Legislativo, cumplan con su marco normativo y de responsabilidades.

Acusó que Olea Peláez ha incumplido con varias de sus obligaciones, incluso, de manera deliberada, pues recordó que a pesar de que el Congreso le solicitó remitir los nombramientos de los Fiscales Especiales en Delitos Electorales, Combate a la Corrupción, y en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas para dar el visto bueno, como lo ordena el marco legal, a la fecha no lo ha hecho.

Dijo que el hecho de no enviar los nombramientos de los Fiscales Especiales es un desacato al marco Constitucional, constituyendo una falta grave del funcionario que es motivo de destitución.

Cabe recordar que la solicitud para que Olea Peláez enviara al Congreso el nombramiento de los Fiscales Especiales se realizó desde el pasado 29 de junio, a petición de la propia diputada Alcaraz Sosa, y hasta la fecha no ha tenido respuesta.

Señaló que la falta de probidad, honradez y profesionalismo que ha demostrado el Fiscal Olea Peláez ha sido de tal magnitud que pone en entre dicho su imparcialidad ante los casos que le corresponde investigar a la institución, pues “nunca y siempre” se negó a cumplir una orden de aprehensión en contra del diputado con licencia, Saúl Beltrán Orozco.

“Se negó a cumplir una orden de aprehensión en contra de un representante popular cuando no había fundamento legal para no cumplimentarla, a pesar que él mismo aseveró ante habitantes del municipio de San Miguel Totolapan, que este legislador era el tequilero Mayor”, acusó.

Argumentó que tampoco ha mostrado avances en la investigación de homicidios de representantes populares y líderes sociales, ni si quiera del caso del asesinato  de quien fuera presidente del Congreso, Armando Chavarría Barrera, del cual, el pasado 26 de junio, el mismo Olea Peláez se comprometió a dar los nombres de los responsables de la ejecución.

“La averiguación previa que remitió al Juez en el caso del extinto diputado Armando Chavarría Barrera no ha generado ningún resultado, no se ha detenido a ninguna persona por su asesinato, no se conoce quiénes fueron los autores materiales, es decir, el asunto está como desde el momento mismo que se cometió el delito, sin ninguna pista de los perpetradores materiales, ni mucho menos de los intelectuales”, indicó.

La Constitución del estado establece en su artículo 142 que el Fiscal General del Estado será nombrado por seis años improrrogables, pero en su numeral 7 señala  que podrá ser removido por el Gobernador por causas graves previstas en la propia Constitución, y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Sin embargo, la remoción podría ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los diputados dentro de un plazo de 10 días hábiles, si en Congreso no se pronunciara en ese lapso de tiempo, el cese del Fiscal se daría por hecho.

Aún con las argumentaciones, los diputados del PRI y del Partido Verde, quienes hicieron valer su mayoría en el Congreso, rechazaron el acuerdo de urgente y obvia resolución sin justificar su voto en contra.

Al no alcanzar la votación requerida, el exhorto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y la de Justicia, ambas presididas por priistas, para su análisis y dictaminación.

El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, se sumó a la postura de que el Fiscal General “se tiene que ir” puesto que no ha dado resultados desde su toma de protesta como titular de la dependencia.

El legislador argumentó que la impunidad que hay en Guerrero ha provocado que esta entidad sea la más violenta del país, violencia que ha alcanzado a diversos sectores sociales, entre ellos, los universitarios, quienes en los últimos cuatro años han sufrido el asesinato de 25 compañeros.

En otro punto del orden del día, el diputado Silvano Blanco de Aquino, propuso un exhorto para que los ayuntamientos afectados por huracán Max, y por los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre enviaran un censo de daños al Congreso, y los propios municipios crearan un Consejo Ciudadano,  a fin de que el Legislativo y la ciudadanía tengan un papel más activo en el proceso de reconstrucción que se avecina, pero también fue rechazado de urgente y obvia resolución por el PRI y el Partido Verde.

Los municipios que propuso por el huracán Max fueron los de Acapulco, Ayutla, Acatepec, Alpoyeca, Atoyac de Álvarez, Azoyú, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuatepec, Florencio Villarreal, Iliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan, Tlacoachistlahuaca, Tlapa de Comonfort, Xalpatlahuac, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas y Zihuatanejo.

Y la propuesta de los dañados por sismo fueron: Ahuacuotzingo, Alcozauca, Alpoyeca, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Copalillo, Cualác, Huamuxtitlán, Huitzuco, Iguala, Mártir de Cuilapan, Olinalá, Pilcaya, Taxco, Tepecoacuilco, Tetipac, Tlalixtaquilla, Tlapa y Xochihuehuetlán

Blanco de Aquino expuso que la pretensión de la propuesta es que le Congreso debe jugar un papel más activo, conocer con presiones quiénes son los afectados, cómo se está ejerciendo el recurso y se inicie el proceso de reconstrucción en el estado, además de involucrar a la ciudadanía en el Consejo Ciudadano de Reconstrucción.

Lo anterior, dijo, para evitar que pasen situaciones como las ocurridas con los ciclones Ingrid y Manuel, en donde personas que en teoría fueron beneficiadas en realidad no lo tuvieron apoyos gubernamentales para recuperar sus pérdidas.

“Pensamos que dentro de estos Consejos Ciudadanos pudiera haber gente involucrada con la Universidad Autónoma de Guerrero, es decir, la escuela de Ingeniera Civil, la de Arquitectura, que pudiera dar la asesoría a la gente que va aderezando con el proceso de reconstrucción en los municipios afectados por el tema de los sismos, por ejemplo”, expuso.

Al no ser apoyada por las bancadas mayoritarias, la propuesta fue turnada a la Comisión de Protección Civil, en donde será analizada y dictaminada. 

Deja tu opinión