Diez días después, el veterinario Jorge Cortés Carmona fue encontrado con huellas de tortura

El sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez exigió que se castigue a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada, así como de la ejecución extrajudicial cometida en contra de su sobrino, el estudiante de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Jorge Cortés Carmona.

Cortés Chávez fue acusado de formar parte del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), grupo guerrillero cuya existencia se dio a conocer tras la masacre del 7 de junio de 1997 en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres.

Ese día murieron 11 supuestos milicianos del ERPI, Cortés Chávez sobrevivió junto con su esposa Erika Zamora Pardo y pasaron más de tres años en una prisión federal, acusados de formar parte de la guerrilla del ERPI.

Recordó que la jornada del 26 de octubre, su sobrino se encontraba en una fiesta celebrada entre estudiantes de la escuela de Veterinaria de la UAGro, en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, perteneciente a la Costa Chica del estado.

Hay la versión de que Jorge salió a comprar a una tienda cercana al lugar de la fiesta, en el camino lo interceptaron personas que usaban corte de cabello tipo militar y se lo llevaron en una camioneta color negra.

Sostuvo que la familia de Cortés Carmona no tiene participación en la política ni actividades fuera de la ley, razón por la que asume que el atentado puede estar relacionado con un acto que va encaminado a intimidarlo a él.

Explicó que el cadáver de su sobrino fue encontrado la jornada del martes 6 de noviembre, que presentaba huellas de tortura y que particularmente tenía el cráneo destrozado.

En consecuencia, dijo que lo que hay en ese caso es una desaparición forzada, ya que nunca se solicitó a la familia el pago de un rescate, después, con el asesinato se configuró una ejecución extrajudicial.

Sostuvo que la participación de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue muy lenta, ya que guardó silencio ante el caso y nunca hizo lo necesario para generar confianza en la familia agraviada.

“Lo que pensamos es que hay en este caso una motivación política, porque el gobierno hasta el momento no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto”.

Agregó que responsabiliza al gobierno estatal de lo que pueda suceder a su familia radicada en la Costa Chica, pues casi en cuanto se privó de la libertad al veterinario, hubo personas desconocidas que se comunicaron a la familias desde teléfonos celulares para indicarles que lo tenían en su poder, pero nunca ofrecieron liberarlo ni plantearon alguna petición de rescate.

Dijo que hasta el momento, el único servidor público que se acercó a la familia fue el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, quien dijo, puede dar constancia de que Jorge era un muy buen estudiante.

Por esa razón, dijo que la FGE debe realizar una investigación a fondo, para establecer con claridad si hay en el caso autores materiales e intelectuales, para identificarles, ubicarlos y detenerlos.

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