Mandan a comisiones propuesta de elevar de 7.5 a 8 por ciento el impuesto minero  

Los diputados del PRI y del PVEM frenaron una propuesta encaminada a elevar el porcentaje que las mineras extranjeras pagan para extraer oro y plata en el estado de Guerrero.

La jornada del martes 5 de diciembre, el diputado local el PRD, Isidro Duarte Cabrera presentó un punto de acuerdo en el que plantea incrementar en medio punto el cobro de derechos a las empresas que explotan el subsuelo guerrerense, lo que implica pasar del 7.5 al 8 por ciento.

También se proponía incrementar en un cuarto de punto el cobro de derechos extraordinarios por la explotación de minerales como el oro, plata y platino, lo que llevaría a pasar de 0.5 al 0.75 por ciento.

De acuerdo con el representante popular, el hecho de incrementar los ingresos del estado permitirá que estos sean utilizados en programas y acciones de mitigación de impacto ambiental en las comunidades donde se localizan las explotaciones mineras.

Sin embargo, los diputados del PRI y el PVEM votaron en contra al momento en que se puso a consideración del Pleno si el asunto  se aprobaba como de aprobación inmediata, por lo que se turnó a comisiones para su estudio.

De acuerdo con los datos presentados por el diputado Duarte Cabrera, de  2011 a 2015 entre oro y plata, se extrajeron de yacimientos mineros en Guerrero,  252,009.5 toneladas por un valor  de  34 mil 568 mil 720 mil 380 pesos.

Solo en 2015 el valor de la producción minera estatal  ascendió a 7 mil 130 millones 042 mil 326 pesos participando con el 1.71% del valor total nacional, mientras que para el periodo de  enero-agosto de 2017 según cifras del INEGI en Guerrero se tuvo una producción de 6 mil 675 toneladas en oro, plata y fierro, lo que ubica al estado  en el quinto lugar en producción nacional de oro.

Agregó que de acuerdo a los  Artículos 268 y 269 de la Ley Federal de Derechos, los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente un derecho aplicando la tasa del 7.5.% de sus ganancias, mientras  que el   artículo 275 de la misma ley, establece un pago extraordinario  del 0.5 por ciento por la explotación de  oro, plata y platino.

Los recursos obtenidos, abundó,  de acuerdo al artículo 275 se destinan 77.5% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipio Mineros, mismo que se distribuye en un 62.5% a los municipios en los que tuvo lugar la explotación y el 37.5% restante a la Entidad Federativa, correspondiéndole y  del total del ingreso se otorga un 2.5.% a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para desempeñar funciones de administración del Fondo.

En 2015, ejemplificó,  los recursos obtenidos por el pago de derechos  de $2,191,742,278.79 de los cuelas a la federación le correspondieron $483,348,455.758, y a la SEDATU $54,793,556.97 que sumados dan un total de $493,142,012.73, cifra que en  comparación con lo que se reparte a los Estados, representa una cantidad inequitativa, toda vez que resulta sumamente oneroso.

Considerando  que son  las comunidades las que resienten el impacto ambiental  de las explotaciones mineras, en sus suelos, vegetación, mantos acuíferos y aire, el diputado calentano consideró justo  ajustar la distribución  de los recursos obtenidos  por el pago de derechos de las mineras a favor de los pueblos de Guerrero.

En ese sentido propuso un exhorto las cámaras de Diputados y senadores  del Congreso de la Unión a para que se modifiquen las fracciones X y XXIX, numeral 2 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 268, 269, 270 y 275 de la Ley Federal de Derechos, donde se incremente la tasa por el cobro de derechos de 7.5 a 8% aplicada a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva; y asimismo, se incremente de 0.5 a 0.75% el derecho extraordinario sobre minería derivado de la enajenación del oro, plata y platino.

Al turnarse a comisiones, el acuerdo, desde la perspectiva del diputado Duarte fue enviado a la “congeladora” legislativa.

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