México: más círculos viciosos que virtuosos.

Solamente en un país como México se pueden dar estos tipos de campañas políticas en las cuales se habla de precampaña, de la intercampaña, de la campaña; y una vez realizado el proceso electoral, se habla de la lucha postelectoral. En resumen, nos pasamos un año completo en lo que se puede calificar como el espectáculo político por excelencia en nuestro país.

Y, la verdad, en este espectáculo encontramos todo tipo de fenómenos, artilugios y exhibiciones tal y como los podemos observar en una feria de pueblo. Desde los fenómenos de la naturaleza que aparecen con órganos fuera del cuerpo, o con mayor número de miembros de los que normalmente cuenta un ser vivo; esto lo podemos observar actualmente en los tipos de alianzas y frentes que son realmente unos fenómenos de la naturaleza política.

Observamos saltimbanquis, caminadores en la cuerda floja, espectáculos de lucha libre; vemos también al hombre fuerte cargando objetos que tienen un peso increíble y escuchamos las llamadas del merolico, que nos invita a comprar sus productos que no surten ningún efecto de los que menciona, en beneficio de nuestra salud y bienestar. No quedan fuera los fuegos pirotécnicos y los juguetes mecánicos, entre ellos se encuentran: el carrusel, la rueda de la fortuna, las sillas voladoras, la casa de los espejos y así podemos continuar mencionando los diferentes atractivos que divierten y a la vez entretienen al público espectador.

Desgraciadamente somos eso, espectadores. No somos un país de actores comprometidos con la democracia. Los círculos viciosos de los procesos electorales, se reproducen tanto en el pequeño círculo de cada tres años, como en el círculo mayor de cada seis años en el cual, el espectáculo es mayor.

Mientras tanto, los círculos virtuosos, los de la democracia, de la participación ciudadana, del compromiso por el bienestar común, son demasiado pequeños casi invisibles y buscándolos, los podemos encontrar en las pequeñas comunidades, las colonias, en organizaciones sociales y grupos de trabajo especializados, no más. Nuestra democracia es incipiente.

El Estado de derecho, en la definición universal de la Organización de las Naciones Unidas, es “un principio de gobernanza donde todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, son responsables ante las leyes promulgadas, aplicadas equitativamente y adjudicadas independientemente, que sean consistentes con las normas internacionales y los estándares de derechos humanos. Asimismo, requieren medidas para asegurar la adherencia a los principios de la supremacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas a la ley, justicia en su aplicación, separación de poderes, participación en el proceso de toma de decisión, certidumbre legal, alejamiento de las arbitrariedades y transparencia legal”.

Otra forma de entender estos ciclos que nos perjudican y aprisionan, es cuando nos damos cuenta de que en México, los gobernados ven a sus autoridades no sólo como incapaces de hacer cumplir la ley, sino como quienes encabezan la violación. Por otra parte, los gobernantes se defienden señalando que, entre los quejosos, no hay quien pueda reclamarles, porque con mayor o menor frecuencia, ellos, los ciudadanos, cotidianamente violan la letra o el espíritu de muchas leyes. Pareciera que no queda más que tener paciencia y esperar a que pasen varias generaciones antes de que se diluya ese feo rasgo de la nuestra manera de ser.

El México actual es resultado del violento choque entre las civilizaciones originales y Europa, choque que dio como resultado tres siglos de subordinación colonial. Las Leyes de Indias fueron las que se impusieron sobre la legalidad prehispánica; fueron normas europeas que se contextualizaban en esos momentos de la historia de España.

Los códigos legales fueron impuestos y de cumplimiento relativo. Recordemos el dicho famoso: “Se obedece, pero no se cumple”.

Tras la Independencia, la sociedad que, en su mayoría, estaba lejos de querer asimilar como propia una visión legal forjada en la Revolución Francesa. Al final del siglo XIX, la lucha por imponer la “modernidad legal” encontró muchos tipos de resistencia individual y colectiva. Esa legalidad era considerada una amenaza a ciertas formas de vida acostumbradas; por ello, no era acatada. sino violada, o bien, interpretada a conveniencia o negociada; por ejemplo, el servicio militar, las leyes contra la vagancia y el juego, el pago de impuestos y, principalmente, los cambios en la propiedad y posesión de tierras, bosques y aguas.

La Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, fue un esfuerzo por hacer que las normas legales estuvieran genuinamente ligadas a los intereses y prácticas de la mayoría.

Por desgracia, la utopía revolucionaria se transformó en un sistema político autoritario, en una economía básicamente extractiva y excluyente y que dio por resultado una sociedad profundamente desigual, injusta, oligárquica. La legitimidad del nuevo pacto social se vio minada y las instituciones debilitadas, particularmente las que tienen qué ver con la impartición de la justicia y con la supervisión sobre el manejo de los recursos públicos. Vivimos en una atmósfera de impunidad generalizada.

Ante la pregunta “¿Qué tanta confianza tiene usted en la leyes mexicanas?”, el 67.56% de los encuestados respondió que poca y el 12.80% de plano dijo que ninguna. ¿Y en relación a “qué tanto confía en los jueces?” en una escala de cero (nada) a 10 (mucho), un 7.65% eligió el cero, la mayoría –el 63.72%– se situó entre cinco y ocho, y apenas el 3.73% en el 10. (Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas levantada por la Secretaría de Gobernación (2012)).

Otro dato en el que se patentiza la impunidad, es en la corrupción. La corrupción en México siempre ha sido notable, pero en la actualidad ya se institucionalizó. De acuerdo con Transparencia Internacional, México tiene el primer lugar en Latinoamérica en materia de población que paga sobornos por servicios a los que tiene derecho (51%).

En el transcurso de la semana que terminó, hubo una audiencia en el Comité Selecto de Inteligencia en el Capitolio d  EEUU, donde los jefes de la comunidad de inteligencia hicieron su evaluación de las amenazas mundiales para ese país. México fue uno de los siete países latinoamericanos que son motivo de su preocupación.

El director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, expuso: “Los mexicanos están enfocados en las elecciones presidenciales y legislativas de julio, en las cuales la corrupción, la alta violencia y la desilusionadora economía serán los temas claves”.

En México, iniciativas que lo apuntalarían al estado de derecho, se encuentren en la congeladora legislativa. Un ejemplo: no se ha dado la aprobación de un fiscal general y de un fiscal anticorrupción.

El World Justice Project, que mide el Estado de derecho en 113 países, reportó a finales de enero pasado, que México ocupa el lugar 92 del total de países evaluados, el quinto peor en América Latina y el Caribe, y el antepenúltimo entre las 36 naciones de ingreso medio alto. Es vergonzosa su ubicación dentro del ranking mundial, veamos: en límites al poder gubernamental, está en el lugar 83; en ausencia de corrupción, en el 102; en gobierno abierto, en el 36; en derecho fundamentales, en el 72; en orden y seguridad, en el 99; en cumplimiento regulatorio, en el 87; en justicia civil en el 113; y en justicia penal, en el 105.

El tipo de camino que podríamos tomar para pasar de la impunidad rampante a la legalidad, es que seamos capaces de convocar y realizar una fuerte y creciente movilización social que obligue a “los que mandan” a rehacer el marco institucional. La presión ya está y la ejercen pequeñas, pero bien cimentadas organizaciones. Podemos aprovechar el cambio de gobierno para fortalecer cualquier tipo de mecanismos que enfrenten de manera radical, este problema que ya el presidente Peña Nieto ha definido como un problema “cultural”.

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