Por temor, familias agraviadas no presentan sus casos ante las autoridades locales  

A trece días de mantener una huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, al menos 400 familias de Chilpancingo están en condiciones de acceder a la justicia y denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) la desaparición forzada de hijos, hermanos, esposos y padres.

María Guadalupe Rodríguez Narciso, representante del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, sostuvo que la huelga de hambre que organizaciones de diferentes partes del país sostuvieron en la Ciudad de México arrojó resultados positivos, porque se lograron acuerdos que permiten romper con el cerco que durante muchos años representaron las autoridades estatales.

Explicó que dicha huelga derivó en una reunión con la SEGOB, en donde se concertó también la presencia de la PGR y particularmente del responsable de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Dicho funcionario se comprometió a recibir las denuncias de las familias que tienen seres queridos desaparecidos, los que en el ámbito estatal nunca tuvieron acceso a la justicia, principalmente por la ausencia de una Fiscalía Especializada en el tema, pero sobre todo porque muchos policías están involucrados con los grupos delictivos que cometen ese tipo de crímenes.

Recordó que solamente en Chilpancingo hay por lo menos 400 reportes de personas desaparecidas, muchos de ellos no recurrieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) por temor, ya que en varios casos, algunos familiares de personas agraviadas fueron desaparecidos después de presentarse a denunciar.

Si bien hubo un primee antecedente con el extinto comandante de la Policía Ministerial del Estado, David Urquizo, a quien se le atribuye el hecho de haber sepultado a varias personas en fosas clandestinas, en diciembre de 2017 se vivió un caso más evidente, porque se documentó la participación de la policía preventiva municipal en la desaparición de siete jóvenes, de ellos dos aparecieron muertos.

Ahora que la PGR aceptó que las familias afectadas en los estados presenten sus denuncias de manera directa en la Ciudad de México, la señora María Guadalupe sostuvo que se abre una posibilidad más real de acceder a la justicia.

Junto con la posibilidad de presentar las denuncias ante PGR,  se amplia la posibilidad de integrar un banco de información genética en todo el país, para buscar entre miles de cadáveres no reclamados que hay en las 32 entidades federativas a los seres queridos que hasta el momento están en calidad de no localizados.

Aunque todavía existe una gran cantidad de familias que tienen miedo y desconfianza de las autoridades locales, manifestó que en cuanto se conozcan los alcances del acuerdo pactado con la SEGOB y la PGR se animarán a presentar las querellas correspondientes, con lo que dará comienzo un proceso más acelerado para encontrar a sus desaparecidos.

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