Advierte sobre actuación sesgada en el Congreso local

El alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena recurrió al Poder Judicial de la Federación para exigir su reinstalación en el cargo, también advirtió que los diputados locales que le aprueben la revocación de mandato al vapor podrían ser objeto de responsabilidad jurídica, por incurrir en excesos en el desempeño de sus funciones.

La semana pasada, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) desechó un juicio ciudadano promovido por el primer edil con licencia, en el que señalaba que los diputados locales de Guerrero incurren en omisiones al no desahogar el dictamen relacionado con la solicitud que hizo de regresar al cargo.

Los magistrados electorales consideraron como improcedente el juicio promovido por Leyva Mena, bajo el argumento de que los diputados locales están dentro de los tiempos que su Ley Orgánica establece para analizar ese tipo de situaciones.

Al respecto, el primer edil con licencia manifestó que las más de 50 licencias y reincorporaciones que los diputados locales aprobaron, en el contexto del arranque del proceso electoral dejan muy claro que en el Congreso existe un trato diferenciado respecto a los asuntos que les son canalizados.

Por esa razón dijo que este lunes recurrió a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia en la que hasta el momento, a ningún funcionario de elección popular se le ha negado el derecho constitucional de regresar al cargo que ganaron en las urnas.

Manifestó que una vez presentado el recurso, espera que en un término de diez días cuando mucho, la Sala Regional resuelva el caso a su favor, lo que tendrá que ser acatado por el Congreso local.

Ante el amague hecho por el diputado panista, Iván Pachuca Domínguez, en el sentido de que una vez reinstalado en el cargo se activará nuevamente el Juicio de Revocación de Mandato presentado en su contra, Leyva destacó que el presidente de la Comisión Instructora actúa con un evidente desconocimiento de la ley, así como de las implicaciones que tiene el hecho de no agotar los procedimientos legislativos.

Indicó que para desahogar la Revocación de Mandato el Congreso debe otorgarle el derecho de audiencia, con lo que se abre un periodo de alegatos para que esté en condiciones de defenderse.

Sin embargo, refirió que el presidente de la Instructora ha dado a conocer la pretensión de desahogar en horas un juicio que se lleva varios días, lo que constituye una violación al derecho de audiencia.

Una actuación de ese tipo, dijo que colocaría a los integrantes de la Comisión Instructora que firmen la revocación de mandato sin agotar debidamente el procedimiento legislativo en una situación que vulnera la ley, por lo que también pueden ser objeto de un procedimiento legal.

El hecho de que el Juicio de Procedencia presentado contra Saúl Beltrán Orozco, diputado del PRI, ex alcalde de San Miguel Totolapan, compadre de Raybel Jacobo Dealmonte “El Tequilero” y supuesto protector de una de las organizaciones delictivas más peligrosas de la Tierra Caliente, deja al descubierto, desde la perspectiva de Leyva Mena que el presidente de la Comisión Instructora actúa de manera sesgada.

Si ese caso no es suficiente, dijo que también se puede tomar en cuenta el Juicio de Revocación de Mandato promovido en contra de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felicitas Muñiz Gómez, quien pese a regatear los salarios de varios integrantes de su cabildo sigue en el cargo, pues la Comisión Instructora no ha culminado con el procedimiento legislativo correctamente.

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