Con pacto de civilidad, pretenden evitar violencia en la elección de Ayutla

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Será por usos y costumbres

Habitantes de cuatro comunidades de Ayutla de los Libres firmaron un pacto de civilidad para garantizar la legalidad, paz, armonía y seguridad en el proceso electivo por sistemas normativos propios, que por primera vez en la historia se desarrollará en dicho municipio.

El lunes 19 de marzo, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) marcharon por las calles principales de Ayutla y realizaron un bloqueo intermitente sobre la carretera estatal que conduce a Cruz Grande.

Después retuvieron, golpearon, desnudaron y exhibieron al delegado de la colonia Barrio Nuevo, Rutilio Castro Espíndola, a quien acusaron de “traicionar al pueblo” para operar en favor de intereses político-partidistas.

Ante las constantes agresiones entre los pobladores de Cruz Alta, La Villa, Piedra del Zopilote y San José, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) convocó este martes a una mesa de diálogo en sus oficinas centrales, en Chilpancingo.

Los colonos se dividieron en tres grupos: unos respaldados por la UPOEG, otros por la presidenta municipal Hortencia Aldaco Quintana (del Partido Verde Ecologista de México –PVEM) y otros por el diputado local con licencia Raymundo García, de extracción perredista.

La reunión se prolongó por más de dos horas. Los pobladores se lanzaron acusaciones por supuestas irregularidades, abusos y “mano negra” en la realización de las asambleas de comunidades, barrios y colonias para la elección de candidatos por la vía de usos y costumbres indígenas.

Cerca de las tres de la tarde, acordaron la firma de un acuerdo por la legalidad, civilidad, armonía y seguridad electoral en el proceso electivo por sistemas normativos propios.

El documento consta de siete compromisos. Su firma fue atestiguada por la alcaldesa de Ayutla, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la subsecretaría de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y el IEPC.

En el primer punto, los pobladores de las cuatro comunidades se comprometieron a garantizar el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de la población, con base en el diálogo y la construcción de acuerdos para resolver los conflictos que surjan durante el proceso de elecciones.

En el segundo punto, se comprometieron a establecer mecanismos de coordinación con los tres niveles de gobierno, para ofrecer la mayor seguridad posible durante las elecciones.

Como tercer compromiso, acordaron la instrumentación de medidas orientadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos que concurren libremente a las asambleas comunitarias durante el proceso electivo.

Los pobladores de Cruz Alta, La Villa, Piedra del Zopilote y San José también se comprometieron a que las actividades político-electorales se realizarán “con las mejores condiciones de seguridad, civilidad, armonía y paz entre los ciudadanos y habitantes del municipio de Ayutla”.

El quinto acuerdo fue el de fomentar y exhortar a los diferentes actores políticos, al a presidenta municipal y a los ciudadanos, para que el proceso electivo se realice “en condiciones de paz social y certidumbre”.

La Fiscalía estatal Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) se comprometió a instalar un módulo en Ayutla, para dar seguimiento a las denuncias.

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