Tras la aprobación constitucional de inspecciones policiacas sin orden judicial o ministerial, México se perfila como un “Estado dictatorial”, advirtió Sandino Rivero, abogado especialista en Derechos Humanos y Democracia.

El miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional las inspecciones a personas y vehículos por parte de agentes policiacos, sin orden constitucional y de manera forzosa cuando haya resistencia.

Rivero Espinosa aseveró que se trata de “uno de los peores retrocesos en materia de derechos humanos”.

La SCJN argumentó que no se trata de violaciones a la dignidad humana, sino de “actos momentáneos de molestia” que se pueden practicar a las personas para detectar objetos o instrumentos de delito entre sus ropas o posesiones, así como en sus vehículos y también de manera forzosa si hay resistencia.

Al respecto, el abogado apuntó que la justificación de la SCJN “es un falso dilema”, puesto que no se pueden restringir derechos humanos para proteger la seguridad pública, incluso cuando se argumente que más que violaciones a la dignidad humana son “actos excepcionales y momentáneos de molestia”.

“Con este tipo de decisiones judiciales (…) se eliminan los tintes de Estado democrático de derecho que, al menos en teoría, conservaba este país y le dan toda la proyección de un Estado dictatorial”, advirtió.

Rivero Espinosa recordó que ésta situación ya se perfilaba desde comienzos de 2016, cuando se aprobó el Control Provisional Preventivo de personas por policiacos, lo cual fue catalogado por el abogado como algo “ilícito”.

Sandino Rivero es abogado litigante y director de Defensa Estratégica en Derechos Humanos S.C.; como litigante se ha ocupado de la defensa de casos emblemáticos, como el profesor indígena Alberto Patishtán, los procesados del Frente de Pueblos en la Tierra de San Salvador Atenco, los policías comunitarios de Aquila, Michoacán y la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado.

 

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