No van colectivos de desaparecidos a reunión con el secretario de Gobierno

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Acusan a Florencio Salazar de actuar con prepotencia y de ser omiso

Familiares de personas desaparecidas y asesinadas, así como desplazados por la violencia reventaron la reunión agendada este viernes con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, a quien acusaron de prepotente y omiso.

Apenas el 7 de marzo, los colectivos de víctimas se reunieron en Casa Guerrero con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante y con el gobernador Héctor Astudillo Flores; en el encuentro acordaron la realización de cuatro mesas de trabajo.

La primera se realizó al día siguiente, jueves 08 de marzo, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la segunda fue el lunes 12 con la Secretaría de Salud (Ssa); la tercera reunión se llevó a cabo el miércoles 14 de marzo con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la cuarta estaba pactada para este viernes con Florencio Salazar Adame.

Los familiares de desaparecidos y víctimas de desplazamiento forzado llegaron a la reunión a las 10 de la mañana, pero se negaron a llevarla a cabo porque el secretario general de Gobierno no acudió al encuentro.

A través de un comunicado difundido por el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), los colectivos informaron que tomaron la decisión de retirarse de la reunión “por dignidad”.

“La decisión de no acudir obedece a un acto de dignidad, ya que durante el año 2017 se tuvieron varias experiencias en las que el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, dio muestras de falta de sensibilidad y se mostró omiso en la satisfacción de los derechos de las víctimas indirectas de desaparición, de ejecuciones y de desplazamiento forzado”, se lee en el documento.

En el mismo se detalla que en la primera reunión que Salazar Adame sostuvo con colectivos de Iguala, Chilapa, Acapulco, Chilpancingo y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), “se portó de manera déspota, humillando y revictimizando  los familiares de los desaparecidos, minimizando los hechos de violencia e insinuando que los desaparecidos han tenido algo que ver con la delincuencia organizada”.

Asimismo, se quejaron de que Salazar Adame se refiriera a la violencia que se vive en Guerrero como algo circunstancial y afirmara que con el paso del tiempo volverá la calma.

El comunicado también indica que el secretario general de Gobierno no llegó a la segunda reunión que tenían pactada con los colectivos de víctimas de la violencia.

Se detalla que un asistente de Salazar Adame acudió a informarles que él no podría asistir, pero que había dado instrucciones a la entonces secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalba, para que atendiera sus peticiones.

Según revelaron los colectivos, la funcionaria sólo les dijo que no había recursos para atender las necesidades de las víctimas, como son becas para los menores huérfanos, así como despensas, cobertores y colchonetas para las familias desplazadas.

De acuerdo con la denuncia, Zamora Villalba únicamente les ofreció 20 colchonetas usadas, las cuales rechazaron.

El comunicado también indica que en la tercera reunión, Florencio Salazar Adame simplemente se retiró bajo el argumento de que tenía una llamada de emergencia para reunirse con la Secretaría de Seguridad Nacional en el puerto de Acapulco.

“No le importó dejar a los colectivos que ya se encontraban en la sala de reuniones”, criticaron.

“Por esta actitud prepotente y omisa, los diferentes colectivos hemos decidido no acudir a la reunión y en lugar de eso, exigimos que se agenden mesas de trabajo con las otras secretarías que tienen la obligación de cumplir, en el ámbito de sus consecuencias, con los derechos humanos de las víctimas”, sentenciaron en el documento.

También demandaron que el gobernador agende fechas para una reunirse con los presidentes municipales de Chilpancingo, Chilapa, Zitlala, Acapulco, Atlixtc e Iguala, “para que se comprometan a cumplir con los derechos de las víctimas de acuerdo con su competencia y responsabilidad por las desapariciones, ejecuciones y desplazamientos” ocurridos en sus demarcaciones.

Asimismo, exigieron de manera “urgente” reuniones con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef); la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol); el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Guerrero); la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de Derechos Humanos; y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los colectivos y representantes de familiares de desaparecidos, ejecutados y desplazados advirtieron que únicamente reconocerán como interlocutor al gobernador Héctor Astudillo Flores, por ser “quien tiene la capacidad de decisión y mando”.

 

 
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