Los diputados pueden ser objeto de sanción penal, advierte el alcalde con licencia de Chilpancingo   

Para el alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, el Congreso local se encuentra frente a una coyuntura concreta: o lo reinstalan en el cargo el próximo martes 10 de abril, o los diputados se colocarán en la ruta del desacato ante una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que implica la posibilidad de que se les sancione por la vía penal.   

En Chilpancingo, Leyva Mena recordó que el 8 de enero solicitó al Congreso que diera por culminada la licencia que solicitó para separarse del cargo la jornada del 16 de octubre de 2017.

Al no recibir una respuesta en los términos planteados, Leyva recurrió al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG), dónde le respondieron que el Congreso aún se encontraba dentro de los tiempos legales para dictaminar. 

Ante la negativa, acudió al TEPJF, cuya Sala Regional de la Ciudad de México emitió una resolución la jornada del viernes 5 de abril, en la que exhibió la “omisión” del Congreso de Guerrero, al dilatar la solicitud de Leyva Mena.

Por eso, el alcalde con licencia señaló: “No puede caber duda, la sentencia es muy clara en el sentido de que se ha violentado un derecho, el derecho humano a ser votado.

Un pueblo votó por una persona en particular y esta persona de acuerdo con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también por parte de organismos internacionales, señalan que debe existir el derecho humano en el sentido del ejercicio del cargo. Lo pasó con la omisión del Congreso fue violentar ese derecho”.

Insistió: “El Tribunal Federal fue muy claro en el sentido de que no es potestad del Legislativo el reconocimiento de esa situación de votar o no votar, de permitir o no permitir la reinstalación”.

Leyva Mena, quien ya fue diputado, sostiene que en el procedimiento adecuado solo debe notificarse el fallo a la Mesa Directiva, para que esta notifique al alcalde sustituto.
Por eso insistió: “Si el Congreso no hace caso a la sentencia que mandata el Tribunal, caerá en desacato. Eso tiene la consecuencia de no permanecer en el cargo y también la privación de la libertad de los diputados que participen”.

Más aún, dijo que hay un segundo elemento que tiene que ver con la configuración del delito de coalición de servidores públicos, con la intención de no dejar que otro servidor público ejerza su cargo, “lo que también es una sanción de carácter penal”.

El alcalde con licencia hace un llamado a los nuevos legisladores suplentes a documentarse y asesorarse sobre la sentencia del TEPJF, pues advierte que lo declarado por el oficial mayor del Congreso, Benjamín Gallegos Segura, podría meterlos en un problema penal. 
De acuerdo con Gallegos Segura, la sentencia únicamente obliga al Legislativo a responder a la solicitud de reincorporación de marco Leyva, más no implica su reinstalación en automático. 

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