Solo quedan 62 habitantes y son hostigados, denuncia ONG

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, denunció que los civiles armados aglutinados en lo que se denomina “Comunitarios por la paz y la justicia” recrudecieron la presión sobre las 62 personas que integran 16 familias que habitan la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas, en el municipio de Zitlala.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro Morelos manifestó que al seno de dicho organismo existe preocupación porque en la semana que está por culminar, los integrantes del grupo de civiles armados denominados “Paz y Justicia” recrudecieron las amenazas en contra de las 16 familias que aún permanecen en dicho asentamiento humano, ubicado a tres horas de la capital del estado.

Recordó que cada amenaza que dicho grupo a dirigido en contra de los habitantes de Quetzalcoatlán ha costado vidas humanas, de ahí la necesidad de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría General de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) tome nota de lo que sucede y asuma acciones preventivas.

Recordó que el 6 de enero de 2015, integrantes de dicha organización subieron a dicha localidad para matar a seis personas, pero hace nueve meses volvieron a cometer otro crimen en contra de Benigno Marabel Tlatempa, en un ataque en el que resultó herido Salomón Lara Tlatempa.

Olivares Hernández manifestó que el pasado 24 de marzo, los pobladores de Quetzalcoatlán recibieron una amenaza más de parte de los hombres armados que operan en Tlaltempanampa, quien han reconocido que son los autores de las incursiones que han provocado la pérdida de varias vidas.

El director del Centro Morelos indicó que las autoridades deben retomar el asunto y ampliar las medidas cautelares hacia los pocos habitantes que quedan en Quetzalcoatlán, pues hasta el momento se limitan al acompañamiento de los pobladores cuando pasan por Tlaltempanampa, para evitar que sufran alguna agresión en el trayecto.

Sostuvo que de manera indebida, todos los traslados que coordina el gobierno municipal colocan a los agraviados en una situación de vulnerabilidad, pues los obligan a pasar necesariamente por Tlaltempanampa, lo que deja al descubierto también una evidente falta de sensibilidad ante el problema que enfrentan.

Son 16 familias que actualmente permanecen en la comunidad y que están en calidad de desplazados, el resto ha tenido que dejar sus hogares por miedo refugiándose en campos de cultivo como jornaleros en los estados de Sonora y Sinaloa. Sus casas están abandonadas”, indicó Manuel Olivares Hernández.

Si no se adoptan medidas concretas, los habitantes de Quetzalcoatlán estarán ante el evidente riesgo de sufrir una nueva agresión, razón por la que solicitó que los tres niveles de gobierno escuchen la petición de auxilio.

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