Tras recibir la notificación de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al Congreso de Guerrero solo le queda una vía: Reinstalar a Marco Antonio Leyva Mena al cargo y funciones como presidente municipal de Chilpancingo.

El doctor en Derecho Julio Hernández Barros, quien está a cargo de la defensa de Leyva Mena, advierte que, si el Congreso no lo reinstala a más tardar el martes 10 de abril, en su sesión más próxima, el Legislativo habrá violado la resolución del TEPJF y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El desacato de un Poder a la resolución de un tribunal federal sería un hecho inédito en la historia moderna del país; los diputados podrían ser castigados con prisión y/o destitución del cargo, según explica Hernandez Barros.

El 17 de octubre del año pasado, Marco Antonio Leyva Mena presentó ante el Congreso local su solicitud de licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, la cual fue aprobada al día siguiente.

El 8 de enero, el priista le notificó al Legislativo su intención de reincorporarse a la alcaldía. Desde entonces han pasado dos meses sin que el Congreso responda. En ese mismo lapso, los diputados autorizaron la reinstalación de más de 50 funcionarios públicos, la mayoría en el mismo día en que fueron solicitadas.

La mañana de este viernes, el TEPJF notificó por correo electrónico al Congreso de Guerrero la revocación de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia de la omisión por parte del Legislativolocal y le ordenó resolver la solicitud de reincorporación al cargo de Marco Antonio Leyva Mena en la próxima sesión de Pleno, la cual está agendada para el próximo martes 10 de abril.

Tras recibir la notificación del TEPJF, el oficial mayor del Congreso de Guerrero, Benjamin Gallegos Segura, ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que la resolución no implica la reinstalación de Leyva Mena, sino que el Legislativo únicamente está obligado a responder, ya sea de manera positiva o negativa, a la solicitud del priista.

En entrevista, el abogado Julio Hernandez Barros advierte la posibilidad de un desacato a la resolución del TEPJF.

Vía telefónica, el defensor asegura que la única respuesta que puede dar el Legislativo es reinstalar a Marco Antonio Leyva Mena en la alcaldía capitalina en su próxima sesión de Pleno. Negarle la solicitud implicaría un desacato.

Hernández Barros se remite a la página 26 de la sentencia emitida por el TEPJF, que a la letra indica: «Dado que se trata de una solicitud de re incorporación para el cargo que fue electo, no puede ser entendido como una potestaddel Poder Legislativo hacer un escrutinio sobre lo que la ciudadanía decidió en un proceso democrático, al elegir a su gobernantes».

«No hay otra posibilidad. Yo no creo que los diputados locales quieran entrar en el campo de la ilegalidad, que ellos que son los encargados de crear las leyes, sean los primeros en violarlas. Sería como decirle al pueblo queva a quedar a merced de la ley del más fuerte. Sería un mensaje de anarquía del Congreso, sería decirle al pueblo que las leyes los tienen sin cuidado. Si el propio Congreso se niega a acatar una instrucción de un tribunal, quiere decir qué hay una total anarquía y una falta de respeto al Estado de Derecho», expone el abogado.

¿Qué ocurriría si el Legislativo niega la solicitud de Marco Leyva para reincorporarse al cargo o si no lo resuelve el próximo martes?

«Si el Congreso pretende hacer una artimaña para negarle los derechos políticos a Marco Leyva y al pueblo de Chilpancingo, sería un desacato y podría ser castigado incluso con prisión y con destitución».

¿Entonces no es necesario que el Congreso local dictamine sobre la solicitud?

«Jamás, en ninguna parte de la Constitución ni en las leyes secundarias del estado, se le da potestad al Congreso de decidir si admite o no admite la reincorporación al cargo de una persona electa en elección pública, porque quienes lo eligieron no fueron los diputados, sino el electorado, o sea que fue el pueblo de Chilpancingo el que decidió que Marco Leyva fuera su presidente municipal. La propia resolución del Tribunal Federal Electoral lo dice muy claramente (página 26), que no es una potestad del Congreso determinar si entra o no entra Marco, que deben de limitarse al ejercicio administrativo de su reincorporación y no se necesita ser ni sabogado ni diputado para entender lo que dice ahí».

¿Como se interpretaría la negativa del Legislativo?

«Sería un mensaje sumamente grave para la ciudadanía. El propio Congreso iría en contra de los intereses del pueblo y determinaría que lo que el pueblo de Guerrero eligió en las urnas le tiene sin cuidado. Pareciera que tenemos un Congreso obstinado en violar los derechos de un ciudadano y del pueblo. Sería un mal mensaje para las próximas elecciones si el Congreso por su gusto decide no instalar a un presidente municipal. Entonces vamos a tener a gobernantes impuestos por el Legislativo, no por los candidatos por los que haya votado el pueblo y eso en cualquier lado sería una dictadura y las dictaduras por supuesto están no solo prohibidas en México, sino proscritas, perseguidas y castigadas con penas corporales».

Como abogado de Marco Leyva, ¿a qué recurso recurrirán en caso de que el Congreso le niegue la reinstalación al cargo?

«Daríamos vista inmediatamente a la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral y contemplaríamos la posibilidad también de presentar una denuncia penal por desacato, manifestarle la Tribunal que se ha realizado un desacato, para que pueda ejercitar actos incluso de carácter penal».

¿Este algún antecedente similar de un Poder negándose a acatar la resolución de un tribunal federal?

«No, en la historia de nuestro país no hay antecedentes de algún caso en el que el Congreso o alguna otra autoridad haya desacatado una instrucción de una sentencia del Tribunal Federal Electoral o del Poder Judicial Federal. Espero que el Congreso de Guerrero no sea el primero. En general las autoridades le apuestan al Estado de derecho».

¿Entonces el caso de Marco Antonio Leyva Mena contra el Congreso de Guerrero es inédito?

«Es un acto inédito, realmente no hay desacatos en toda la historia del Tribunal Federal Electoral, no encontré yo un solo caso de desacato».

Julio Hernández Barros es un abogado, político, activista y académico mexicano, acreedor a la Mención Honorífica en el Premio Compromiso Social Ibero 2013. Es licenciado en Derecho egresado con mención honorífica de la Universidad Iberoamericana. También esespecialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España; maestro y doctor en Derecho por el Centro de Estudios en Postgrado en Derecho.

Fue miembro del comité redactor de la Ley General de Víctimas y Comisionado Ejecutivo de Atencion a Víctimas.

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