Marco Antonio Leyva Mena denunció que el Congreso de Guerrero retrasó su reincorporación al cargo y funciones de presidente municipal de Chilpancingo con dos objetivos: permitir el saqueo de las cuentas bancarias del ayuntamiento e iniciar actos judiciales en su contra por los delitos de peculado y desvío de fondos.

El priísta publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que cuestionó la decisión del Congreso local de solicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una aclaración de la sentencia correspondiente al expediente SCM-JDC-370/2018 que ordena su reinstalación en la alcaldía capitalina en un plazo máximo de cinco días, el cual venció este viernes.

Leyva Mena advirtió que los legisladores “no hicieron caso” al fallo del TEPJF y “se condujeron por consigna política”, para retrasar aún más su reincorporación al cargo para el que fue electo en las urnas.

Incluso cuestionó que los diputados locales le pidieran al TEPJF que les aclare la sentencia, porque “no saben lo que significa pronunciamiento y gobernabilidad”, dos condiciones que los magistrados ordenaron en su fallo al Congreso local.

“Me extraña. En esa Legislatura hay ex senadores, ex diputados federales, ex diputados locales, ex presidentes de sus partidos, ex líderes del Congreso, etcétera. Carreras legislativas donde asombrosamente no conocen esos términos básicos”, apuntó.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de que los congresistas locales pretendan “ganar tiempo” para “hacer todos los movimientos bancarios y dejar al ayuntamiento sin recursos” e “iniciar actos judiciales que están preparando, como órdenes de aprehensión” por delitos de peculado y desvío de recursos.

En el primer caso, Leyva Mena señaló que este viernes un grupo de trabajadores extraordinarios tomaron el ayuntamiento, porque no les pagaron la nómina.

Advirtió que esta situación forma parte de una estrategia para que a su regreso quede “un problema que tense la relación con los trabajadores y los sindicatos”.

Sobre las acciones judiciales que se emprenderían en su contra, Leyva Mena dijo que los delitos que pretenden imputarle son fabricados, ya que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ni siquiera tiene a la mano la cuenta pública del municipio para determinar que hubiera desvío de recursos.

Leyva Mena sostuvo que el Congreso local pretende implementar estas artimañas “antes de que el TEPJF vuelva a confirmar sentencia”, con lo cual el Legislativo “pretende reiniciar un nuevo acto jurídico que retrase aún más” su reinstalación en el cargo.

En la recta final de su mensaje, Marco Antonio Leyva Mena advirtió la participación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, en la redacción de la contestación del Congreso de Guerrero al fallo del TEPJF.

“Me permito hacerle una amable y respetuosa sugerencia al novel fiscal de nuestro estado: Señor Fiscal, usted estuvo detrás del proyecto de contestación del Congreso y fue quien le aseguró a su jefe que el TEPFJ no podría ordenar mi reinstalación porque el Congreso es soberano. Entiendo que no conozca de Derecho Constitucional porque usted es fiscalista, pero mire usted, en el Derecho Penal, se necesita notificar y ser llamado para aclaraciones ante el juez, porque si no viola dos derechos humanos fundamentales: el de presunción de inocencia y el de debido proceso”, expuso.

Después le señaló que “hay muchos afuera que cometen delitos que dejan en el luto a familias”. Por ello, le sugirió al fiscal general “dedicar más tiempo a ello”.

“Guerrero sufre y necesita fiscales que den resultados pronto y espero sinceramente que tenga mucho éxito en su encargo. Tiene usted que resolver más de 7 mil homicidios dolosos, más de 6 mil desparecidos, más de 10 mil desplazados, bajar la estadística en donde somos primer lugar en el país de feminicidios, resolver por qué FEMSA/Coca Cola y hoy también Pepsi, emigraron de Tierra Caliente”, puntualizó Leyva Mena.

También le exigió a De los Santos Barrila que deje de “filtrar información falsa” del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y pare de “meter a la cárcel a líderes sociales por horas y luego sacarlos y todo porque piensan diferente”.

“Hay que ocuparnos de que el Estado de Derecho y la aplicación de la Ley se cumplan en el estado, que la democracia se consuma en la legalidad, no en la ilegalidad”, exigió, pues señaló que “ya el Congreso local obedeció y sigue actuando por consigna política y el Poder Judicial con su Tribunal Electoral del Estado se evidenció”.

Además, señaló que el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) “habla sobre procesos de fiscalización no terminados y juzgando hasta la moralidad del suscrito”.

“Parece que se enrola en esa vorágine que obedece más al rencor y odio personal que a la ponderación que la ley señala a los servidores públicos”, consideró.

Por último, Leyva Mena envió un mensaje, sin aclarar el destinatario: “No caigamos en la tentación de gobernar absolutamente, porque el poder corrompe y cuando es absoluto corrompe más”.

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