Comisión de la Verdad implica dejar atrás la denominada “verdad histórica”

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Tlachinollan calificó como histórica la orden emitida por el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de reponer la investigación del caso Iguala-Ayotzinapa y crear una Comisión de la Verdad, ante la gravedad de las irregularidades que se detectaron.

La tarde del lunes 4 de junio, el CDHM-Tlachinollan, que coordina el antropólogo Abel Barrera Hernández se refirió a la determinación del Primer Tribunal Colegiado de Circuito, en relación a los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, en el sentido de reponer la investigación del caso Ayotzinapa a partir de la gravedad de las irregularidades que se detectaron.

Más aún, saludó que el Poder Judicial de la Federación haya ordenado la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala.

Vía comunicado, el CDHM indicó que dada la extensión de la sentencia y la importancia que tiene, las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que permanecen como desaparecidos realizarán un análisis de la misma y posteriormente darán a conocer un posicionamiento.

Al margen de la postura colectiva que den a conocer los padres de los 43, el CDHM consideró que la resolución dada a conocer este lunes representa un aporte importante del Poder Judicial de la Federación, en la búsqueda de la verdad y la justicia sobre el caso.

El organismo recordó que ante as críticas que se plantearon hacia la denominada “verdad histórica”, lo mismo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como de la Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno de México siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria.

“Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.

En el comunicado de Tlachinollan, se recuerda que las impugnaciones que derivaron de la sentencia fueron presentadas por algunos de los acusados, los que denunciaron que fueron sometidos a tortura, de tal suerte que no se trata de juicios promovidos por los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

En la sentencia del Poder Judicial de la Federación, se anota que hay pruebas en torno a la práctica de la tortura dentro de la investigación y, en ese sentido, ordena que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes.

Refiere que los magistrados del Poder Judicial detectaron que los denunciantes sufrieron lesiones o el incremento de las que ya tenían mientras estuvieron en manos de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), amén de que la PGR en este caso se ha manejado con parcialidad y sin autonomía.

El caso, de acuerdo con el organismo no gubernamental, deja al descubierto la ausencia en el país de una Fiscalía verdaderamente autónoma, lo que se confirma con la lectura de párrafo 1033 de la sentencia, en el que se anota: “…no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban hacia la participación de personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal, encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los casos de tortura, lo que conlleva a que tampoco se ha indagado al personal a quienes se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Marina Armada de México”.

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