Despido de colaboradora indígena pone en riesgo defensoría de derechos humanos

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La denuncia pública por acoso laboral y sexual que le costó el despido a Aracely Tecolapa Alejo del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C., no sólo le afecta a la comunicadora, también los trabajos de defensa de derechos humanos, sobre todo de víctimas que buscan a familiares desaparecidos en comunidades indígenas de Chilapa, Atlixtac y Zitlala.

Aracely, ex colaboradora del organismo defensor con sede en Chilapa, comentó lo anterior y precisó que fue despedida el pasado 26 de junio, después de manifestar su inconformidad de “violencia de género en la que laboramos, perpetuada por el director de la organización, Manuel Olivares, quien en varias ocasiones ha acosado sexual y laboralmente a mí y a mis compañeras de trabajo”.

En una carta a la opinión pública, Aracely quien colaboraba en el área de comunicación, traducción a indígenas nahuas como ella, acompañamiento a víctimas al Ministerio Público y otras diligencias que realiza la organización, lamentó su despido injustificado; incluso, fue llamada “infiltrada” por pronunciarse.

“¿Cuál es la responsabilidad de una mujer que ha sido violentada y revictimizada? Esa ha sido mi pregunta desde el día que me despidieron del Centro Morelos por manifestar mi incomodidad y mi desacuerdo por el trato que recibimos las y los compañeros”, manifestó en la misiva.

Explicó que la decisión de su despido fue tomada por Manuel Olivares y la presidenta del Centro Morelos, Casiana Nava, “y a pesar de que mis compañeros y compañeras manifestaran su desacuerdo e incluso pararon labores durante un día en protesta de mi despido injustificado, no hubo vuelta atrás”.

De lo más grave de este episodio, contó, fue que le entregaron 25 mil pesos como parte de su liquidación, pese a que trabajó durante dos años cuatro meses en la organización que lleva varios casos, sobre todo el de 109 familias que buscan a familiares desaparecidos “me dijeron que se me entregan recursos que deberían ser destinados a las víctimas que se acompañan desde el Centro Morelos, lo cual considero como una revictimización”.

Aracely es una mujer indígena de 27 años de edad, que consideró grave que la defensoría de derechos humanos no inicie desde casa. Dijo que organizaciones como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y defensores de derechos humanos se han pronunciado para que Olivares aclare la situación.

“La intención de hacer esta carta no es para vulnerabilizar a la organización, estas actitudes son una realidad, muy pocas veces son enfrentadas y por eso no se han revertido. No es posible que permitamos estas actitudes que nos vulnerabilizan, si de por sí tenemos que tener medidas de autoprotección y auto cuidado por el crimen organizado, por el estado, no es posible que también de nuestros compañeros”, puntualizó.

Dijo que lo que más le preocupa es que Olivares no se haya pronunciado al respecto, y que el apoyo psicosocial que realizaba con las víctimas, la traducción que apoyaba al menos a 30 familias indígenas que buscan familiares, y las diligencias próximas de dos identificaciones de ADN para encontrar a desaparecidos, se vean afectadas porque por ahora nadie realiza sus funciones.

“Unas compañeras que entraron el año pasado, les tocaba la panza, la cintura, las abrazaba; la compañera se incomodaba, yo le decía a Manuel que eso no estaba bien, que tenía que cambiar su actitud y eso ocurrió en varias ocasiones meter cizaña con varios compañeros, nos hacía menos por ser mujeres, nos minimizaba”, relató sobre el caso.

La defensora de derechos humanos hizo un llamado a otras organizaciones para poner atención en estas actitudes que podrán tornarse en agresiones sexuales. Reiteró su respeto por los trabajos de sus compañeros y del Centro Morelos como tal.

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