Entre acusaciones mutuas de amenazas y abusos, la alcaldesa de Ayutla de los Libres, Hortencia Aldaco Quintana y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) firmaron un pacto de civilidad, para garantizar que el proceso electivo de autoridades municipales se realice de manera pacífica.

El domingo 15 de julio se realizará la elección del gobierno municipal de Ayutla de los Libres. Por primera vez en la historia, se hará bajo un esquema de sistemas normativos propios, conocido popularmente como usos y costumbres indígenas.

Sin embargo, el proceso para la selección de los representantes de colonias, barrios y comunidades que participarán en la asamblea electiva ha enfrentado una serie de problemas, debido principalmente a la confrontación entre la UPOEG y un grupo simpatizantes de la actual alcaldesa Hortencia Aldaco Quintana.

A cinco días de la elección histórica, el gobierno del estado convocó a ambas partes para firmar un pacto de civilidad, para garantizar que el proceso se desarrolle de manera libre, pacífica y armoniosa.

En una reunión realizada en Palacio de Gobierno, el gobernador Héctor Astudillo Flores, la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Rosa María Nava Acuña y el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, atestiguaron la firma del pacto entre la UPOEG y la alcaldesa.

Al inicio del evento se dio lectura a los puntos del pacto de civilidad que firmarían las partes. Sin embargo, las condiciones no fueron del agrado de la alcaldesa de Ayutla, Hornensia Aldaco Quintana, del secretario general del ayuntamiento, Jorge Zanabriga Gordiano y del delegado de la colonia Barrio Nuevo, Rutilio Espíndola Castro.

Advirtieron que bajo tales circunstancias no habría ninguna garantía para el desarrollo libre y pacífico de la elección.

También acusaron a la UPOEG de haber utilizado a su policía ciudadana para amenazar a los comisarios, representantes y delegados que participarán en la asamblea electiva, para tener el control de la misma.

“Queremos que haya paz en Ayutla, no queremos seguir sufriendo la persecución. La administración municipal tiene una persecución (de la UPOEG) como no tienen idea.

Si damos un paso, ahí vienen (…). Ayer nos estaban presionando gentes de ellos para caer en su juego, para que hagamos lo que ellos quieren. Nos están queriendo obligar a actuar de acuerdo con lo que ellos desean. Quieren estar violentando”, expuso Zanabriga Gordiano.

El delegado de la colonia Barrio Nuevo, Rutilio Espíndola Castro, tomó la palabra para dirigirse específicamente al gobernador.

“Señor gobernador, en Ayutla no hay paz. La UPOEG está amenazando a los comisarios y representantes propietarios para que acudan a las asambleas y a los comisarios les dicen que si no van, serán reeducados por seis meses”, acusó.

Además, señaló el reglamento que se instrumentó para la elección de Ayutla en su artículo cuarto deja abierta la posibilidad de que la Policía Ciudadana de la UPOEG participe en el proceso, situación que consideró como contradictoria.

“El artículo cuarto del reglamento dice que el IEPC podrá solicitar el apoyo de seguridad del ayuntamiento y de los sistemas de seguridad propios de las comunidades indígenas del municipio, así como la instancia que considere necesaria, para brindar la seguridad de la asamblea municipal. Eso nos preocupa, eso no se puede, está en riesgo la elección”, advirtió.

Por su parte, la alcaldesa se deslindó de toda responsabilidad para garantizar la seguridad el día de la elección de autoridades municipales y se sumó a las acusaciones contra la UPOEG.

“La gente tiene miedo y no quiere denunciar. Hay grupos armados que están amenazando a la gente en las asambleas y si ellos quieren que haya conflicto, yo me deslindo de toda responsabilidad”, expuso.

En ese sentido, el ex diputado Valentín Rafaela Solís descartó que haya operación de “grupos armados” presionando a los habitantes de Ayutla.

“No existen grupos armados, existe la policía ciudadana que resguarda las comunidades y colonia. Señora presidenta, no se sienta usted perseguida porque no es así”, expresó.

El fundador y ex dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, tomó la palabra para aclarar que la Policía Ciudadana acordó en asamblea que no participará en la seguridad del proceso electoral.

“Nosotros ya hemos acordado no participar, porque no puede ser un evento policiaco. Nosotros nos replegaremos para que sea la población la que se acerque a escuchar y a conocer a sus nuevos representantes”, apuntó.

Respecto a las acusaciones contra la UPOEG lanzadas por la alcaldesa, el secretario general y el delegado de la colonia Barrio Nuevo, aseveró que se deben a los intereses que éstos tienen en torno al proceso electivo.

“Aquí hay un conflicto porque se ha tirado mucho dinero”, sostuvo.

También rechazó que la policía ciudadana de la UPOEG ejerza presión sobre sobre la población para incidir en las elecciones.

Señaló que en otros municipios en los que hay presencia de la UPOEG, como Tecoanapa y Copala, se realizaron votaciones libres y ganaron candidatos de diferentes partidos políticos.

Plácido Valerio apuntó que la única injerencia que tuvo la policía ciudadana fue para poner un alto a los delitos electorales, como la entrega de dádivas de los partidos para la compra de votos.

“Somos una institución que ha facilitado que las cosas se den, sino en la Costa Chica hubieran habido muertos (por las elecciones). Por eso sí quiero que midan lo que dicen”, sentenció.

Después agregó: “No podemos estar diciendo que somos perseguidos porque somos del mismo municipio. A mí me gustaría que el gobierno del estado nos pusiera ante los tribunales para aclarar lo que la presidenta dice de nosotros, las acusaciones.

Yo tengo datos precisos de quiénes operan en cada zona, de quiénes son los que compran la droga y están en la política. Los que están dando la cara acá, pero vendiendo drogas y trayendo armas allá. Yo sí lo puedo hacer y lo puedo denunciar públicamente ante una autoridad judicial, pero aquí es una mesa política con el gobierno para que el 15 de julio ganen todos”.

El ex dirigente de la UPOEG también se refirió al secretario general del ayuntamiento de Ayutla, a quien dijo que puede probarle que compró votos en las asambleas e impuso comisarios en las comunidades.

En respuesta, la alcaldesa Hortencia Aldaco Quintana le pidió a Plácido Valerio que si tiene información sobre los delincuentes, la presente ante las autoridades competentes.

“Señor Bruno, si ya tiene quiénes son los delincuentes, quiénes son los narcos, denúncielos, denúncielos, ¿por qué se ha quedado callado tanto tiempo si los conoce? Hay que denunciar a esas personas”, expresó

Además, denunció que la UPOEG pretende movilizar a cientos de ciudadanos el 15 de julio para “desestabilizar” el proceso electivo.

“Créanme, el día 15 no va a ser de fiesta (…). Se lo hago ver, señor gobernador, no tome al aire mis palabras, tienen planeado el día de la reunión hacer un destroce de las administraciones que hemos dado mucho, porque ha cambiado el municipio a partir del periodo pasado y este periodo, se ha transformado en desarrollo y trabajo”, dijo en defensa de su gobierno y el de su esposo, quien le precedió en el cargo.

Después acuso a la UPOEG de cometer “muchísimos atropellos” contra la población.

“Ellos efectivamente han tomado a delincuentes, les han sacado mucho dinero y los han dejado libres. Es verdad todo eso, no es mentira, han abusado, se han metido en todas las situaciones, no sólo de seguridad, o sea que ellos son gobierno.

Sesionan siempre de 12 de la noche a cuatro de la mañana y hay gente que ha ido conmigo, a buscarme, pero les da miedo denunciar. Parece que ante el municipio nosotros siempre somos los malos”, se quejó la presidenta municipal.

Incluso advirtió que su vida, la de su familia y sus amigos “corren peligro”, porque han sido amenazados por la UPOEG en varias ocasiones.

Tras escuchar las acusaciones que se lanzaron ambas partes durante una hora, el gobernador Héctor Astudillo Flores tomó la palabra para dar respuesta.

De entrada, reconoció que la construcción de esta elección histórica “ha sido complicado y obviamente hay insatisfacciones”.

“Creo que nadie en su sano juicio quiere ir el domingo a una gran confrontación y que todo se eche a perder. No lo quieren ustedes ni lo quiere la presidenta municipal, ni nadie de los gobiernos federal ni estatal. Sería una auténtica locura”, expresó.

Por ello, el mandatario advirtió que “quien promueva un problema sin duda será atendido por la ley”.

“De eso que no quede ninguna duda, lo voy a decir con toda claridad, quien agreda, quien atente contra otro, se va a enfrentar a la ley”, apuntó.

Astudillo Flores coincidió en el planteamiento de que la Policía Ciudadana no participe en la seguridad del proceso electivo.

En cambio, propuso que sea la Policía del Estado la que asuma dicha responsabilidad “en una operación que ayude a mantener la paz e inhiba cualquier circunstancia de violencia”.

Advirtió que si la elección se desarrolla en un ambiente de violencia y confrontación, el Tribunal Electoral podría “echarlo abajo”.

Tras poner sobre la mesa todas las quejas y propuestas de las partes involucradas, el pacto de civilidad original fue modificado y firmado.

El documento consiste en 10 puntos con los que se pretende garantizar la democracia, gobernabilidad y respeto a los derechos de la población de Ayutla. También busca que se respeten los derechos humanos de los representantes, comisarios y delegados que participarán en el proceso electivo.

Tanto el gobierno municipal como la UPOEG se comprometieron a generar las condiciones de paz social, armonía, respeto, tolerancia y fomentar la participación equitativa.

También acordaron que respetarán los acuerdos, lineamientos y reglas para el proceso electivo por sistemas normativos propios.

En el punto número seis se indica que “no participará la policía comunitaria en la asamblea de representantes”, sino que permanecerán en sus comunidades.

El punto siete señala que la Policía del Estado implementará un operativo para garantizar la seguridad del proceso electivo, para “inhibir cualquier circunstancia de violencia y como mediadora”.

El operativo será encabezado por el general Pedro Almazán Cervantes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El punto número ocho señala que “se solicitará la presencia de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos, de la Comisionada nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Segob, de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado”, para que participen como observadores del proceso electivo del 15 de julio.

Además, el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a llevar el tema al seno del Grupo de Coordinación Guerrero, con el objetivo de que las instancias que lo conforman permanezcan alertas al desarrollo de la jornada electiva.

La asamblea en la que se elegirá al nuevo gobierno municipal de Ayutla se realizará en la unidad deportiva de ese municipio, comenzará a las 10 de la mañana y sólo tendrán acceso los representantes de colonias, barrios y comunidades, tanto propietarios como suplentes.

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