Bruno Placido recuerda que las policías ciudadanas surgieron a partir de la creciente ola delictiva

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Placido Valerio advirtió que si en estos momentos el Estado Mexicano decide desmantelar a las policías ciudadanas o grupos de autodefensa, parte importante de la población de Guerrero quedará en la indefensión.

Placido Valerio, líder de la organización que incorpora al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SS y JC), que desde 2013 opera en municipios de la Costa Chica como Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Cruz Grande y Copala, sostiene que los movimientos ciudadanos no han surgido de manera fortuita, son producto del hartazgo que en su momento generó la operación impune, abierta de grupos del crimen organizado.

La UPOEG tiene presencia en comunidades de Chilpancingo, como Palo Blanco, Acahuizotla, Buena Vista, Cajeles, Cajelitos, El Ocotito, Mohoneras y llega hasta la zona rural de Acapulco.

El dirigente de la Unión de Pueblos reconoce que la obligación de garantizar seguridad pública a la sociedad es del Estado Mexicano en sus tres niveles de gobierno, pero indicó que en la medida en que el Estad no ha generado las garantías necesarias, poblaciones completas han tomado la ruta de la organización para expulsar a los delincuentes de sus zonas de influencia.

Recordó que la UPOEG en sus inicios era una organización dedicada a la promoción del desarrollo social en las comunidades de la Costa Chica, principalmente.

Fue la violencia y la operación impune de grupos delictivos, la que motivó que la unión de pueblos tomara el ruto de la integración de policías ciudadanas.

A pocos días de que el Congreso local aprobara la reforma al artículo 14 de la Constitución Política local, que solamente reconoce la operación de policías comunitarias en zonas habitadas mayoritariamente por población indígena, Bruno Placido Valerio sostiene que lo que viene es un proceso intenso de discusión respecto a la forma en que debe interpretarse dicha adecuación.

Lo anterior, porque si bien la reforma debe pasar a la revisión de los cabildos para entrar en vigor, la necesidad de mayores niveles de seguridad se mantiene vigente, porque la alta incidencia delictiva es un problema no resuelto.

De acuerdo con el dirigente de la UPOEG, si en estos momentos se desmantelara a todas las policías ciudadanas que existen en la entidad, parte importante de Guerrero “quedaría desamparada”.

Por esa razón, consideró importante dar al problema su justa dimensión y considerar el tema de la inclusión de las policías ciudadanas al marco legal como un asunto no terminado, porque la instalación de un nuevo gobierno federal seguramente habrá de implicar cambios importantes en la forma de abordar el tema de la seguridad.

Los que se quedan fuera de la reforma al 14 constitucional

En Guerrero, además de la UPOEG existen grupos de policías ciudadanas o de autodefensas que no tendrán la cobertura del artículo 14 constitucional, por no operar en zonas con población mayoritariamente indígena.

Entre estos grupos se encuentra el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo Social del Estado de Guerrero (FUSDEG), que centra su fuerza en el municipio de Juan R. Escudero, cuya cabecera es Tierra Colorada.

En Petaquillas, municipio de Chilpancingo opera un grupo de civiles armados coordinados por la comisaría de la localidad.

En Chilapa, desde mayo de 2015 se conoce la existencia de un grupo de civiles armados denominado Comunitarios por la Paz y la Justicia, los que son señalados por el colectivo “siempre vivos” de colaborar con la delincuencia.

En las comunidades de Chilapa opera una escisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) liderada por Cirino Placido Valerio, denominada con la variante de Pueblos Fundadores (PF).

El Frente de Defensa Popular (FDP) también coordina un grupo de civiles armados que denomina Policías Comunitarios, pero que están confrontados con los de la CRAC-PF.

En la región Norte, desde 2016 existe la Policía Comunitaria Tecampanera (PCT), a la que se adjudican varios actos de tortura y desapariciones.

En Apaxtla, desde 2014 opera el Movimiento Ciudadano Adrián Castrejón (MCAC), que surgió a partir del asedio que ejercía sobre dicha localidad el grupo delictivo conocido como La Familia Michoacana (FM).

En el caso de la Sierra, desde 2017 existe la Policía Comunitaria de Tlacotepec (PCT), grupo al que se adjudica el asesinato de Raybel Jacobo Dealmonte, líder del grupo delictivo conocido como “Los Tequileros”.

Desde diciembre de 2016, en San Miguel Totolapan surgió un movimiento de autodefensa que expulsó a Los Tequileros de comunidades como La Gavia, la comunidad natal de Raybel Jacobo.

En el mes de julio, comisarios de 18 pueblos se reunieron en las comunidad de Los Morros para presentar a la Policía Comunitaria de Leonardo Bravo, que está ubicada en la ruta que permite la comunicación entre la Sierra y la región Centro del Estado.

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