El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón confió en que durante los próximos días, los ayuntamientos que están en funciones validarán las reformas constitucionales en materia de fiscalización, además de derechos y cultura indígenas.
Vía telefónica, el también líder de la fracción parlamentaria del PRI, sostuvo que ya el dictamen que integra las reformas aprobadas el viernes 27 de julio, en materia de fiscalización, así como derechos y cultura indígena se encuentra circulando entre los 81 cabildos que integran el estado de Guerrero.
La mayoría de los ayuntamientos en el estado de Guerrero se encuentran presididos por alcaldes emanados del PRI y del PRD, aunque en forma minoritaria hay también presidentes municipales emanados del PAN, PT, Movimiento Ciudadano (MC) y PVEM.
Vicario Castrejón no descartó la posibilidad de que antes del último día de agosto, que es cuando culmina el periodo de ejercicio constitucional de la presente legislatura, se logra el visto bueno de por lo menos 42 cabildos, con lo que se afianzarán las reformas y estarán listas para entrar en vigor.
Lo que seguirá, es revisar si es necesario convocar a un periodo extraordinario de sesiones, para que sea el Pleno el que haga la declaratoria de validez, o si la legislación vigente permite que sea la Comisión Permanente finiquite el procedimiento correspondiente.
Vicario manifestó que son varias las voces que han dado validez al trabajo realizado por la 61 Legislatura, que está por culminar su periodo de ejercicio constitucional.
Destacó la opinión técnica emitida por el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo López Betancourt, quien reconoció que el texto anterior del artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero era impreciso, ya que permitía que grupos ajenos a los sistemas de organización de los pueblos originarios pudieran asumirse como policías comunitarios sin serlo.
De acuerdo con el especialista, la reforma al artículo 14 “regula para bien de las comunidades indígenas, los principios básicos para las mismas, como son la autodefensa y más aún, a una plena garantía de los derechos intrínsecos de esas comunidades”.
Así, la ley ya no permite que grupos que no encuadren en el perfil de pueblos originarios se hagan pasar por policías comunitarios y en realidad sirvan a otros tipo de intereses.

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