También reclaman la anulación de cien averiguaciones previas

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) solicitaron la liberación de 20 policías comunitarios presos, así como la anulación de por lo menos cien averiguaciones previas en contra de integrantes del sistema de seguridad y justicia comunitario.

Arturo Campos Herrera, quien fuera consejero de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, solicitó al Congreso local que haya un pronunciamiento dirigido a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como al gobierno estatal para que se detenga la persecución en contra de la CRAC y organizaciones aliadas.

Campos Herrera recordó que el trabajo que realiza la Policía Comunitaria se encuentra sustentado en leyes internacionales que han sido suscritas por el Estado Mexicano, además del esfuerzo de las comunidades indígenas para generar un mejor esquema de convivencia en sociedad.

Explicó que actualmente la CRAC tiene a 20 de sus integrantes presos, entre los que se encuentran varios integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) en la zona rural de Acapulco.

Entre los miembros que la CRAC tiene en municipios como Ayutla, Olinalá, Tixtla, Huamuxtitlán y San Luis Acatlán, se sabe que hay un promedio de cien averiguaciones previas o carpetas de investigación en curso.

Reprochó que existen grupos de autodefensa en diferentes puntos de la entidad, a los que hasta el momento no se les ha molestado con una investigación como sucede con la CRAC.

“Nosotros no vemos que haya otra organización que sufra el hostigamiento que nosotros enfrentamos, posiblemente tengan algún acuerdo con el gobierno y por ello en su caso no sufren persecución, en cambio a nosotros nos han fabricado delitos en el orden local y federal”, anotó.

En el caso del CECOP, dijo que el pasado siete de enero se cometió el asesinato de cinco policías comunitarios en los bienes comunales de Cacahuatepec, desde entonces sufren el asedio de la policía del estado y por si fuera poco, el enlace con las organizaciones sociales, César Flores Maldonado recientemente compró un terreno en dicho lugar para estar monitoreándolos de maneta permanente.

En la reunión estuvo la señora María de Suastegui, esposa de Marco Antonio Suastegui Muñoz, quien solicitó que la policía estatal abandone la comunidad de La Concepción, ya que no permite el desarrollo de la vida cotidiana.

Ella manifestó que su marido se encuentra preso por motivaciones políticas y denunció que los integrantes del CECOP son objeto de una criminalización constante, solo por oponerse al proyecto hidrieléctrico de La Parota.

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