Organizaciones pro vida adheridas al Frente Nacional por la Familia reprobaron la designación de la feminista María Luisa Vargas Marín como recipiendaria de la presea Sentimientos de la Nación, por ser una de las principales promotoras del aborto en el estado.

A través de un pronunciamiento difundido en las redes sociales, las organizaciones Red Guerrero por la Vida, Ciudadanos Solidarios para el Desarrollo, Poder Laico, Comité Nacional Provida, Red Familia Guerrero y la Unión Nacional de Padres de Familia exigieron al Congreso de Guerrero que la presea sea otorgada “a ciudadanos que verdaderamente trabajen por la paz, la democracia y los derechos humanos de todos”.

Las organizaciones pro vida señalaron que la decisión de entregarle la presea Sentimientos de la Nación a la líder feminista se tomó de manera “dividida”, con apenas 25 votos de los 46 diputados que integran la 62 Legislatura.

“Esta decisión dividida del Poder Legislativo no es congruente con los principios del Primer Congreso de Anahuac y de los Sentimientos de la Nación, que establecen la lucha por la paz y la defensa de los derechos humanos”, advirtieron.

Asimismo, sostuvieron que la paz sólo será posible respetando la vida humana en todas sus manifestaciones, desde la gestación hasta la muerte natural, situación que es contraria a la ideología de Garfias Marín, quien ha pugnado fuertemente por la legalización del aborto en Guerrero.

En su pronunciamiento, los pro vida subrayaron que el derecho fundamental conforme a la dignidad humana es la vida y si este derecho se conculca “no hay democracia y paz que garanticen la convivencia humana”.

Recordaron que el 10 de mayo de 2014, la líder feminista le pidió a los diputados aprobar la despenalización del aborto en Guerrero, iniciativa que fue enviada por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y que “fue rechazada ampliamente” por los guerrerenses.

Advirtieron que el 19 de julio de este año, María Luisa Garfias solicitó por escrito al Congreso del estado que las víctimas de violación puedan acceder al aborto sin presentar denuncia del delito ante el Ministerio Público.

Dicha propuesta, dijeron, “promueve la impunidad para los violadores, afectando la legalidad, la justicia y los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual”.

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