La presenta la diputada Mariana García Guillén

La diputada local por Morena, Mariana Itallitzin García Guillén, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y que se tipifique como grave el delito de extorsión.

La iniciativa con proyecto de decreto busca que se reforme el artículo 243 y se adicionen las fracciones V y VI al artículo 244 del Código Penal del Estado de Guerrero, de tal manera que se incrementen las penas relacionadas con el delito de extorsión y se establezca como prisión mínima de 10 años y máxima de 25.

También se propone agravar la pena de prisión e incrementar hasta en dos terceras partes de la penalidad cuando el delito se realice en contra de personas físicas o morales que realicen actividades comerciales y cuando se emplee cualquier amenaza para hacer creer a la víctima de la intervención de la delincuencia organizada sin ser ello cierto, aun cuando solo sea para lograr que la víctima no denuncie el hecho.

En su argumentación, la legisladora local aseveró que en Acapulco han cerrado más de 3 mil negocios en lo que va del año debido al cobro de cuotas.

Por ello, calificó la extorsión como “el cáncer de la sociedad”.

“No hay forma de romper con el miedo de perder la vida al incumplir con las reglas, cuotas, tarifas establecidas por el crimen organizado”, afirmó García Guillén.

Subrayó que el cobro de piso representa ganancias millonarias a la delincuencia organizada y tiene “implicaciones económicas devastadoras en toda la entidad”, porque al cerrarse las empresas y negocios también se pierden empleos e ingresos públicos por impuestos y derechos.

La morenista aseveró que en Guerrero “nadie se salva” de ser víctima de la extorsión, ya que incluso los maestros del sector básico han sido afectados por este delito.

“Hoy es una escena cotidiana ver al Ejército resguardando las instalaciones escolares”, apuntó.

También recordó que a finales de marzo de este año cerró la planta de Coca Cola en Ciudad Altamirano, en la región Tierra Caliente y poco después, en junio, hizo lo mismo PepsiCo. Ambos cierres fueron provocados “debido a la violencia, inseguridad y cobro de cuotas”.

García Guillén subrayó que “en ciudades como Acapulco, todos los días se cierran negocios por la imposibilidad” de pagar cuota “o el temor de las represalias ante la negativa”.

“No hay disyuntiva para los empresarios, solo pagar la cuota para que sus trabajadores o la familia no paguen con su vida”, apuntó.

De esa manera, dijo que la extorsión se convirtió en “uno de los delitos de alto impacto que más ha aumentado en los últimos años, entre los homicidios y el secuestro”, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La legisladora también acusó que la Fiscalía General del Estado y los cuerpos policiales de la entidad “son inexistentes” en el combate a la extorsión.

A ello, dijo, se suma el hecho de que la legislación de la entidad no contempla como agravante dicha actividad criminal ni está considerado como delito grave.

Por ello, aseveró que la propuesta para tipificar como grave la extorsión e incrementar las penas relacionadas con este delito será “un respiro” para los comerciantes, que “han sido violentados y orillados a participar en una actividad delictiva como una medida de supervivencia”.

García Guillén aseveró que tipificar como grave la extorsión “será un paso que irrumpe y trastoca los intereses de las mafias y redes que se han dedicado a sembrar y generar miedo”, a la vez que dará “una alternativa de defensa, certeza y seguridad” a los ciudadanos.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Justicia.

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