El incendio afectó la calidad del aire, suelo y cuerpos de agua

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 47/2018 por la quema e inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos en Coyuca de Benítez.

La CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al acceso al agua debido a que el ayuntamiento mantuvo encendido un tiradero a cielo abierto durante los últimos 20 años, lo que generó gases, humos, olores y fauna nociva.

Dicha práctica, además de ilegal, afectó la calidad del aire, suelos y cuerpos de agua, lo que constituye un riesgo potencial para la salud de la población.

La CNDH consideró imprescindible la coadyuvancia de las autoridades de los tres niveles de gobierno para solucionar dicha problemática, ante la gravedad de las condiciones ambientales y el riesgo que implica para la salud humana.

El organismo constató la “falta de actuaciones de carácter preventivo y sancionatorio por parte de la Profepa y de la Procuraduría Ambiental del estado.

Entre los 48 puntos recomendatorios destacan los dirigidos al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Coyuca de Benítez, Alberto de los Santos Díaz, para que realicen las gestiones necesarias, a fin de cesar inmediatamente la quema de residuos.

Asimismo, la CNDH recomendó el cierre y clausura del tiradero a cielo abierto, la realización de los estudios necesarios para determinar el daño ambiental ocasionado por la operación del mismo; poner en marcha un plan de remediación y restauración y el diseño de un programa médico para la atención de posibles daños a la salud por la contaminación ambiental.

El organismo también exhortó la implementación de un programa periódico de muestreo de la calidad del agua de los pozos que abastecen a las comunidades dentro de la jurisdicción del municipio.

Al presidente municipal se le encomendó a que, en un plazo no mayor a seis meses, realice el diseño del proyecto para la construcción de un sitio de disposición final de residuos.

Dicho proyecto debe cumplir la normatividad aplicable en la materia y garantizar que las instalaciones sean dignas para los trabajadores municipales que laboren ahí.

Al gobernador se le insta a elaborar un inventario de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y establecer un programa de visitas de verificación e inspección periódicas.

Además, se le exhorta a elaborar o actualizar un programa estatal para la gestión integral de los residuos urbanos y a garantizar que toda la información generada sea de carácter público.

También se le exhorta a diseñar e implementar una política pública para la gestión integral de los plásticos, que incluya la promoción de mecanismos para la restricción y prohibición progresiva de su uso, principalmente de bolsas de un solo uso, popote y unicel.

Como medidas adicionales, la CNDH recomendó a la Semarnat que en un plazo máximo de seis meses concluya el procedimiento administrativo de revisión y actualización de la NOM-083-Semarnat-2003 y a que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo se contemple la implementación de un programa de alcance nacional en materia de gestión integral de los residuos urbanos y otro sobre remediación de sitios contaminados.

La recomendación fue notificada a todas las autoridades destinatarias durante la primera quincena de noviembre.

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