Erika Valencia pide que se amplíen los criterios para sancionar los asesinaros en La Concordia

Los diputados del PRI, PRD, PAN, MC, PVEM y PAN frenaron un exhorto planteado por Morena, en el que se exhortaba a la Fiscalía General del Estado (FGE) a revisar los casos de 24 policías comunitarios presos y de Marco Antonio Suastegui Muñoz, acusados del asesinato de seis personas en la comunidad de La Concepción, en el municipio de Acapulco de Juárez.

En tribuna, la diputada local por Morena, Erika Valencia Cardona hizo alusión a dos organizaciones que en su integración original son distintas, pero que en sus objetivos principales tienen coincidencias fundamentales.

Así es como se refirió al caso de Marco Antonio Suastegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), organización que desde el 2003 mantiene un movimiento en contra del proyecto hidroeléctrico más ambicioso por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Guerrero.

La diputada Valencia Cardona sostiene que desde hace varios años, Suastegui Muñoz ha sido objeto de criminalización, tan es así, que en 2004 se le acusó de privación legal de la libertad, mientras que en 2014, en una operación de seguridad “masiva”fue detenido y llevado a una prisión de máxima seguridad.

Recordó que el 7 de enero de 2018 nuevamente fue detenido, acusado del homicidio cometido en agravio de seis personas en la comunidad de la Concepción, en el municipio de Acapulco.

Ese día, indicó que hubo un enfrentamiento que dejó el saldo de dos policías comunitarios del CECOP muertos y seis habitantes de La Concepción muertas.

En la versión de la representante popular, Suastegui Muñoz se enteró de lo sucedido cuatro horas más tarde del encontronazo y se presentó en el lugar “para enterarse de lo sucedido y auxiliar a los familiares de los asesinados, pero alrededor de las diez de la mañana llegaron distintas corporaciones, entre ellas la policía estatal, además de la federal en su división de Gendarmería para realizar las primeras investigaciones y levantar los cadáveres”.

Vino el desarme de los comunitarios y, según el documento leído por la diputada del Morena, “cuando algunos comunitarios trataron de salir del lugar, los policías abrieron fuego muriendo tres de ellos, en tanto que varios integrantes del Cecop eran detenidos, entre ellos Marco Antonio Suastegui”, quien fue separado de sus compañeros, llevado a un cerro cercano y sometido a tortura”.

La diputada Valencia refiere que el MP acusa a 16 miembros del Cecop del asesinato de seis personas en la madrugada del 7 de enero, lo que quedó consignado en la carpeta de investigación correspondiente.

El 15 de enero del presente año, Marco Antonio Suastegui y 24 personas más fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado.

Entre los implicados en el proceso judicial derivado de los hechos de La Concepción están Ernesto Valeriano Morales; Manuel Estrada Pineda, Carlos Pino Elasio, Catalino Valeriano Estrada, Fernando Chona Chávez, Olegario Montes de Oca Mejía, Antonio Cabrera Morales, Francisco Cabrera Morales, Felipe Romero Galeana, José Francisco Flores, José Gelasio Martínez, Manuel Everardo Suastegui, Fausto Carmen García, Vicente Iván Suastegui Muñoz y Javier Melchor Santiago.

En la exposición dijo que las pruebas con las que se les mantiene en prisión son fundamentalmente tres: Las declaraciones de cuatro personas, la pericial en materia de rodizonato de sodio y la pericial en materia de balística.

Refirió que la defensa a pedido que se desestimen las pruebas de rodizonato de sodio y de balística, pues se obtuvieron con la violación a derechos fundamentales.

A partir de que los peritos de la FGE incurrieron en violaciones al debido proceso, la diputada local sostiene que hay elementos fundados para presumir violaciones a los derechos de los imputados.

También dijo que el aseguramiento de las armas que presuntamente tenían en su poder los integrantes de la policía comunitaria del CECOP estuvo plagado de irregularidades, además de que al menos 16 de los detenidos fueron sometidos a tortura.

Aclaró que como diputada no pretende ilustrar a las autoridades, tampoco dar alguna línea sobre la administración de la justicia, aunque sí cabe la posibilidad de exhortarlos a salvaguardar el Estado de Derecho.

Consideró que hubo un nivel muy alto de corrupción al momento de integrar la carpeta de investigación y por eso hizo un exhorto al titular de la FGE, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, para que se apegue a los procedimientos legales en la investigación de los crímenes.

El exhorto también fue dirigido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el sentido de que se interprete de manera más amplia el principio por persona en beneficio de los que calificó como presos políticos.
Aprovechó el espacio para incorporar al exhorto al promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González, quien actualmente se encuentra preso en Chilpancingo.

Al momento en que el asunto se votó, solamente la bancada de Morena lo hizo a favor, los diputados del PRI, PRD, PAN, MC y PVEM lo hicieron en contra, razón por la que no se pudo aprobar como un asunto de urgente y obvia resolución, lo que motivó que se turnara a la Comisión de Justicia.

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