El diputado morenista Carlos Cruz López presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Adopciones para el Estado de Guerrero, acto jurídico que actualmente carece de legislación.

En su exposición subrayó que el estado de Guerrero no tiene una Ley de Adopciones que las regule de manera especial. Únicamente se sustenta en el Código Civil del Estado número 358.

Por ello, insistió en la necesidad de crear una Ley de Adopciones para “permitir a todas las partes facilitar y agilizar los trámites de adopciones que muchas veces son demasiado complejos y burocráticos”.

Aseveró que dicha legislación garantizará el derecho de los niños y adolescentes de formar parte de una familia que los proteja y ayude para lograr su desarrollo integral.

La iniciativa pretende que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Guerrero), a través del Comité Técnico de Adopciones, sea la única autoridad facultada para autorizar los trámites y procedimientos de adopciones ante el Poder Judicial del Estado.

Con ello, se pretende evitar actos de corrupción en el desarrollo de los trámites, con el objetivo de proteger a los niños y adolescentes.

Asimismo, se pretende contar con un instrumento jurídico que dé mayor certeza a los trámites de adopciones nacionales e internacionales, para que sean trámites ágiles y funcionales.

La ley que se propone cuenta con nueve títulos y 96 artículos. Contempla los principios rectores de los adoptados, los derechos de los adoptados, las obligaciones de las casas-hogar e instituciones de guarda públicas y privadas, los requerimientos para adoptar, el procedimiento preadoptivo, la adopciòn de niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad y personas con alguna discapacidad, así como las sanciones y recursos.

El Consejo Técnico de Adopciones del Estado de Guerrero sería la única instancia facultada para autorizar los trámites preadoptivos y registrar todas las solicitudes de adopción.

La adopción entre particulares quedaría prohibida. También se reduciría la edad de los solicitantes de treinta a veinticinco años.

Por cuanto hace a las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia de niños, adolescentes y personas mayores de edad con alguna discapacidad, sólo coadyuvarían en los trámites relacionados con las adopciones, pero no tendrían facultades para dar en adopción.

En la propuesta de ley también se establece el procedimiento para la expedición del certificado de idoneidad en favor de los solicitantes, trámite que actualmente no se encuentra regulado.

Por otra parte, se autoriza la convivencia preadoptiva una vez que los solicitantes cumplieron con los requisitos de ley y que el candidato a ser adoptado se encuentre liberado jurídicamente.

De esa manera se pretende establecer el vínculo de la convivencia para fortalecer los lazos familiares durante el proceso.

La diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado se modificaría de 17 a 15 años.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones unidad de Justicia y de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Deja tu opinión