PRI y PRD proponían que SHCP, SEP y SEG resuelvan cuanto antes el problema que afecta a 5 mil 343 plazas no reconocidas

Morena pide auditoría y la comparecencia de funcionarios

El Pleno del Congreso local turnó a sus comisiones de Educación y Presupuesto, un punto de acuerdo con el que se dirige un exhorto al Congreso de la Unión, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de Educación (SEP) para que resuelvan el problema que representa la existencia de 5 mil 343 plazas sin techo presupuestal.

A siete días de que llegue la primer quincena de marzo, el diputado local priista, Jorge Salgado Parra utilizó la tribuna pata recordar que el 18 de mayo de 1992 se firmó el acuerdo para la modernización del sector educativo del país, que consistió en descentralizar las nóminas del sector, dejando que los gobiernos estatales pagaran los salarios de los trabajadores a través de recursos que eran transferidos por la federación.

Con el paso de los años, las dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la disidencia representada por la Coordinadora Nacional (CNTE) comenzaron a realizar negociaciones paralelas en los estados, terminando así con el salario único para los maestros, lo que propició que en muchas entidades se pactaran montos bajo presión, que quedaron más allá de sus alcances.

Es así como se generaron adeudos con terceros institucionales, por conceptos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y también adeudos con terceros no institucionales, que son las empresas prestadoras de servicios.

Derivado de todos los ajustes que el gobierno federal ha realizado en los últimos años para tratar de ordenar la problemática que existe en el sector, el diputado Salgado Parra destacó que Guerrero es de las tres entidades que mas recortes ha sufrido.

Salgado también recordó que a finales de 2014, la SEP, SHCP y la SEG realizaron un proceso de conciliación de las plazas que se encontraban fuera del Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa (Fone), pero por diferentes razones no se conciliaron 13 mil 217, la mayoría personal de apoyo y asistentes a la educación, que son los trabajadores que más bajos salarios tienen.
La conciliación de las plazas terminó en marzo de 2015 y para sobrellevar el problema de los que se quedaron fuera del Fone, la SCHP aprobaba cada año un financiamiento adicional que comenzó con 997 millones de pesos.
Aunque ya no son 13 mil, sino 5 mil 343 las plazas fuera de Fone, el gobierno estatal ya ha señalado que no cuenta con recursos suficientes para pagar los salarios a partir de la primera quincena de marzo.
Por esa razón, el diputado Salgado parra consideró conveniente aprobar un acuerdo parlamentario, que involucra un exhorto a la SEG, la SEP y la SHCP, además de los diputados federales del Congreso de la Unión, para que resuelvan el problema del personal que no ha sido autorizado para incorporarse al Fone.
En el acuerdo también se planteaba un recurso adiciona para financiar el programa de estímulo a la jubilación, para de esa manera incorporar a más trabajadores fuera del Fone al sistema que ya está regularizado.
Lo anterior, dijo que garantizará el reconocimiento a la antigüedad de los empleados, así como el acceso a prestaciones de carácter social, de lo que actualmente carecen.

Que comparezcan los secretarios de Finanzas y de Educación

Sobre dicho punto solicitó la palabra el diputado por Morena, Ricardo Castillo Peña, quien señaló que el problema en el sector educativo se acrecentó a partir de la tolerancia que tuvieron las administraciones gubernamentales pasadas, aunque no descartó la posibilidad de que en la solución intervenga el gobierno federal actual.
Consideró que para explicar como es que se ha operado el pago de las plazas no reconocidas, se necesita que comparezcan ante el Congreso los titulares de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Arturo Uriostegui Salgado y el titular de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, además de que expliquen como es que ha funcionado el sistema de jubilaciones.
Derivado de las irregularidades que se presume existen detrás del problema, indicó que se debe realizar una auditoría que permita establecer el origen y manejo que se ha dado a las plazas fuera del Fone, porque invariablemente, detrás de ellas hay un profundo proceso de corrupción.
Por esa razón solicitó que al punto de acuerdo se agregara la comparecencia de los funcionarios estatales y la auditoría al Fone, para que al momento de iniciar un proceso de regularización de las plazas, dicho trabajo tenga como punto de partido el conocimiento pleno del problema.

Se desvirtúa el acuerdo

Una vez que el morenista bajó de tribuna, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien suscribía la propuesta de origen junto al priísta Jorge Salgado Parra manifestó que se estaba desvirtuando la propuesta de origen.
Indicó que asuntos como las auditorías al Fone y la comparecencias de los secretarios de Finanzas y de Educación, debían ser parte de otro punto de acuerdo, el cual no tendría ningún problema en respaldar, pero siempre y cuando se manejaran de forma separadas.
El exhorto al Congreso de la Unión, así como a la SEP y la SEG, de acuerdo con Bernardo Ortega no incluye ninguna invasión de competencias.
En otro momento, el coordinador de los diputados del PRI, Héctor Apreza Patrón consideró sano que en un espacio como el Congreso se discutiera un tema tan complicado como el del Fone.
Consideró adecuado que antes de que se genere una comparecencia de los titulares de la SEG y Finanzas, se llame a la instalación de una mesa de trabajo entre los funcionarios interesados en el tema, tanto del gobierno del estado como de la federación.
En esa reunión, dijo que no solamente se debe tratar el asunto del Fone, también las plazas magisteriales que se pagan con recursos del estado, que también es una cantidad importante.
En Guerrero, dijo Apreza, no se deben tener maestros de primera, de segunda o de tercera.
El tema generó tal polarización entre los diputados, que para evitar dar un paso en falso, los participantes en el debate decidieron declarar un receso de cinco minutos para darle una salida pactada.
Al final optaron por no someter el asunto a una votación de urgente y obvia resolución, lo turnaron a las comisiones unidas de Presupuesto y Educación, para buscar en ellas una redacción adecuada que permita facilitar una solución, no alentar una confrontación que en estos momentos resulta innecesaria para la entidad.

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