No presentaron documentos que solventen observaciones por 138 millones de pesos

El titular de la Auditoría General del Estado (ASE), Alfonso Damián Peralta confirmó que tres ex funcionarios de la Comisión de Agua Potable para el Municipio de Acapulco (Capama) ya comparecieron ante dicho órgano fiscalizador, sin presentar documentos que les permitan solventar las observaciones por 138 millones con 900 mil pesos detectadas en el ejercicio fiscal 2016.

En las instalaciones del órgano fiscalizador, el titular de la ASE cuidó no emitir algún juicio de valor en torno a la polémica que sostiene la actual alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo con su antecesor en el cargo, Jesús Evodio Velázquez Aguirre.

Precisó que la ASE no tiene funciones de carácter político, más bien, su trabajo tiene una orientación técnica y conoce claramente sus limitantes.

Lo que el auditor si pudo abordar, fue lo relacionado con los procesos de fiscalización que se realizan en la Capama correspondiente a los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018.
En el caso de la auditoría que se realiza al ejercicio fiscal, dijo que se notificó el inicio del procedimiento para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria.

Lo que se busca con dicho procedimiento, es fincar una responsabilidad para efecto de que el monto que sea determinado por ASE como presunto daño patrimonial pueda ser resarcido, en este caso por los ex servidores públicos que se indiquen.

Destacó que la ASE determinó un presunto daño a la hacienda pública de Capama por 138 millones 919 mil pesos “en números redondos”.

Dicho proceso resarcitorio ya fue notificado a tres presuntos responsables: en este caso a Javier Chona Gutiérrez en su calidad de ex director general de la paramunicipal; Guillermo Adolfo Galeana Salas como director de Administración y Finanzas y Juan Antonio Ramírez Valle, ex director de operación.

Puntualizó que ese es un procedimiento al que le ha dado seguimiento de manera personal.
Indicó: “Ellos han sido notificados y los tres ya comparecieron ante la ASE acompañados de sus apoderados legales, para tratar de desvirtuar el posicionamiento que tiene este órgano fiscalizador”.

Indicó que de los tres ex funcionarios, ninguno presentó documentación que pretenda solventar el monto de 138 millones de pesos observado, más bien, presentaron argumentos de carácter jurídico.

En consecuencia, refirió que la ASE no tiene documentación que valorar, ni los acusados la posibilidad jurídica de presentar documentos que solventen cantidades.

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