Son más numerosas que las policías reglamentarias

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno consideró riesgosa la propagación de grupos de civiles amados en diferentes municipios, algunos confrontados entre sí, por lo que sugirió que haya acciones concretas para iniciar un proceso de regulación de las mismas.
Navarrete Magdaleno advirtió que de manera evidentes, en la entidad hay más civiles armados que policías estatales.
En entrevista, advirtió que en Guerrero hay grupos de civiles armados que se asumen como policías comunitarias, pero no lo son.

Señaló que la única Policía Comunitaria legalmente reconocida es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la cual tiene sustento en la Ley 701.
Reconoció que los grupos de civiles armados han cometido múltiples abusos contra la población en las zonas en las que tienen presencia, lo que ha dejado decenas de muertos en diferentes puntos del estado.
El caso más reciente ocurrió esta semana en Xaltianguis, comunidad ubicada en la zona rural de Acapulco.
El ombudsperson subrayó que la CDHEG no tiene facultad para actuar, porque no se trata de autoridades institucionales, sino de grupos que operan al margen de la ley.
En todo caso, dijo que la Fiscalía General del Estado «tendría la responsabilidad de establecer alguna sanción a quien deba aplicarse».
Sin embargo, reconoció que se trata de «un asunto muy complejo en el que la realidad supera la ley», porque hay más civiles armados que policías estatales.
«Yo no se qué sea más difícil de soportar para los ciudadanos (…). Habría que evaluar si a la sociedad le conviene que los cuatro mil efectivos de la Policía del estado se enfrenten a un número indeterminado de civiles armados o bien, que se sigan haciendo los esfuerzos para que estos grupos entren al orden legal o en su caso desaparezcan», expuso.
Navarrete Magdaleno reconoció que el surgimiento de grupos de civiles armados «es un asunto que ha evolucionado» desde hace varios años.
Apuntó que hechos violentos como el ocurrido esta semana en Xaltianguis «es una realidad que no se puede ocultar, pero es un tema que necesariamente tiene que encontrar un cauce legal».
Sostuvo que si estos grupos armados efectivamente quieren colaborar en brindar seguridad, tendrían que sujetarse a un esquema legal, «para que sean capacitados, evaluados y reconocidos por la sociedad».

Deja tu opinión