Presentan en Guerrero iniciativa contra la evasión fiscal

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Para detectar casos como el de la Estafa Maestra

La diputada Mariana García Guillén propuso una iniciativa de ley que permita inhibir la comisión del delito de evasión fiscal, y que ya no se generen casos como el de la Ex funcionaria federal Rosario Robles Berlanga, recientemente recluida en Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido de recursos públicos.

García Guillén explicó que las investigaciones se iniciaron contra la funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, primero como titular de SEDESOL y posteriormente de Sedatu, por realizar operaciones simuladas en complicidad con 144 empresas fantasmas que recibieron 4 mil 613 millones de pesos.

Agregó que esas acciones ilegales, se realizaron gracias a la complicidad de 8 universidades públicas que sirvieron como puente en los desvíos de dinero público, proveniente de 11 dependencias del gobierno federal, que dejó mil millones de pesos como comisión solo por subcontratar a esas empresas.

La diputada morenista Mariana Itallitzin García Guillén propuso esa iniciativa de ley para abatir la evasión del pago de impuestos en Guerrero, a pesar de que el porcentaje de evasores en esta entidad es del 2 por ciento.

Ese tipo de evasiones, dijo la legisladora, por su naturaleza, puede dar origen a un delito de índole fiscal, por lo que consideró importante reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Guerrero Número 429, y que sean castigados aquellos que compren facturas apócrifas y quienes las extienda, porque ambos cometen delito de evasión fiscal, consideró.

En su exposición enumeró varios cambios que a nivel nacional se han registrado en los sistemas de facturación electrónica en México, que colocan a este país entre los más avanzados en ese tema.

Comentó que una de las principales causas que afectan la recaudación fiscal son los llamados esquemas agresivos de evasión fiscal, dentro de los cuales se encuentran el tráfico o venta de comprobantes fiscales, realizado por ciertos contribuyentes tanto personas físicas como personas morales, que se dedican a vender o colocar a otros contribuyentes diversos comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, siendo estos últimos quienes se benefician fiscalmente por este tipo de actividad ilegal, a cambio del pago de una comisión al emisor del comprobante.

Por otra parte, la legisladora morenista expuso que otro de los motivos principales que origina esta práctica, estriba en la queja constante por parte de los contribuyente cautivos que refieren sobre la falta de transparencia, opacidad, incluso en escándalos de corrupción en el ejercicio o aplicación de recursos públicos por parte de las instituciones que componen la estructura gubernamental.

Y justificó que el contribuyente no se siente con la confianza de pagar adecuadamente sus contribuciones, al considerar que el destino final de los recursos recaudados por el fisco no se usan de forma correcta para el fin constitucional a que están destinados, dado que consideran que no se ven beneficiados con la prestación de servicios públicos de calidad, en ámbitos prioritarios como son seguridad, salud, educación, impartición de justicia, por señalar algunos.

Afortunadamente, expresó, el estado de Guerrero, estadísticamente se encuentra en los últimos lugares en ese tipo de delitos con un 2%; pero no está exento.

La propuesta contempla adicionar el Artículo 133 Bis del Código Fiscal del Estado de Guerrero, Número 429, con el objeto de establecer y encuadrar como supuesto de delito fiscal, la conducta de expedir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Estableciendo como sanción de 3 a 9 años de prisión.

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