“Hay que juzgar al juzgador”, dice Aguirre Respecto al caso Iguala

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Acusa que la PGR de Murillo Karam intentó vincularlo con el crimen organizado

“Ahora hay que juzgar al juzgador”, dijo el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a referirse a la liberación de más de 70 personas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, para luego dar a conocer que la administración federal de Enrique Peña Nieto intentó relacionarlo con la delincuencia organizada.

Aguirre Rivero fue contactado vía telefónica, poco antes de reunirse por segunda ocasión con integrantes del colectivo “Nos Faltan 43”, en la Secretaría de Gobernación.

Indicó que se encontraba acompañado del ex secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo y de quien fuera titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Iñaky Blanco Cabrera.

El ex gobernador de Guerrero sostuvo que la actuación de Iñaky Blanco fue sumamente importante desde que se conocieron los hechos, prueba de ello es que ninguno de los detenidos que puso a disposición ha recuperado su libertad.

“Nosotros estamos tranquilos, pero lamentablemente no se nos permitió seguir adelante en la investigación, pues lo mínimo que puede hacer las autoridades federales, es pedir la coadyuvancia de los estados, cosa que no se hizo con nosotros”, apuntó.

Manifestó que la Procuraduría General de la República (PGR), particularmente cuando tuvo a Jesús Murillo Kara al frente, hizo lo necesario para que la administración de Guerrero no tomara parte de las investigaciones en el caso Iguala.

“Querían quitarnos el caso y buscar la manera de que al ex gobernador (Aguirre) se le señalara con presuntos vínculos con la delincuencia organizada”, aseveró.

Indicó que cuando la PGR que encabezaba Murillo Karam citó a comparecer al ex secretario de Gobierno y al entonces secretario de Seguridad Pública (SSP), la primer pregunta que les hicieron fue la siguiente: “dígame ustedes que tipo de relación tiene el gobernador Angel Aguirre con la delincuencia organizada”.

Pero enfatizó: “De la manera más vil, al procurador Iñaky Blanco Cabrera, Tomás Zerón (ex director de Investigación Criminal) lo que hizo fue decirle: -mi hermanito, mi rey, para que esto se concluya rápido ya dime, Aguirre con qué grupo de la delincuencia organizada está relacionado”.

Asume: “Querían a toda costa colocarme en una situación ilícita y proceder así a mi encarcelamiento, para eso armaron una serie de expedientes fuera de lugar, en los que se decía que Aguirre encabezaba un grupo del crimen organizado en Guerrero”.

El ex mandatario estatal asegura que incluso fue acusado de incurrir en lavado de dinero, por eso, cuando se abrió una investigación en el Sistema de Administración Tributario (SAT), la revisión no se limitó a los cinco años que establece el protocolo, sino que hubo una búsqueda de elementos por lo menos 20 años atrás, desde que fue diputado federal por primera ocasión.

Durante varios meses, dijo que sus cuentas bancarias y las de parte importante de su familia fueron congeladas, lo que deja en evidencia que hubo una persecución política en su contra.

A casi cinco años de distancia, indicó que son muchos los elementos por los que no se justifica la la liberación de los detenidos por el caso Iguala, ya que incluso la DEA tuvo escuchas en los que se pudo acreditar que “El Cabo Gil” era quien controlaba a las policías preventivas de Iguala, Cocula y hasta de Huitzuco de los Figueroa, incluso a las autodefensas de la Zona Norte.

En consecuencia, refirió que hay elementos para proceder a “juzgar al juzgador”, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del Consejo de la Judicatura llame a cuentas al juez Samuel Ventura Ramos, a quien se acredita la decisión de liberar a los involucrados.

Saber cuales fueron esos razonamientos, dijo que ayudará en mucho a despejar las inconformidades que se han enfocado ahora en contra de los integrantes del Poder Judicial

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