Consejero del PAN avala juicio de revocación de mandato contra alcalde de Copalillo

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Hay elementos para confirmar un desfalco superior a 15 millones de pesos

El consejero electoral del PAN, Carlos Arturo Millán Sánchez avaló el juicio de revocación de mandato promovido en contra del alcalde de Copalillo, Julián Castro Santos, a quien le adjudican un desfalco superior a los 15 millones de pesos.

La semana pasada, la síndica y tres regidores del Cabildo de Copalillo presentaron ante la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Congreso local, una solicitud de revocación de mandato en contra de su primer edil, a quien señalan, vía documentación oficial de la Auditoría Superior del Estado (ASE) le detectaron un desfalco por más de 15 millones de pesos.

El consejero estatal del PAN, partido que postuló al alcalde Castro Santos refiere que cuando se desarrolla una obra, alcalde la reporta ante los órganos de fiscalización con un monto diferente a su costo real, lo que implica una irregularidad muy grave.

Citó el caso de la clínica de Salud de la comunidad de Las Tinajas, que originalmente estaba proyectada con un costo de 900 mil pesos, pero el presidente municipal reportó en cuatro millones de pesos.

“El alcalde nos dice que efectivamente se pretendía hacer pero que no se consiguió el recurso, pero en el informe financiero la da por hecho”, aseveró.

Sostuvo que el alcalde miente cuando señala que su síndica y los regidores le piden dinero a cambio de guardar silencio, cuando en realidad lo que le reclaman es información y respeto.

El mismo señalamiento se hace en contra de los policías municipales, quienes lejos de pedir dinero para su beneficio personal, lo que en realidad están reclamando es equipo, cartuchos y refacciones para sus unidades.

Manifestó que los dirigentes del PAN apoyaron al actual alcalde porque creyeron que estaba en la ruta de hacer bien las cosas, pero lo que ha hecho durante los últimos meses deja al descubierto que solamente tiene una ambición de poder muy clara, principalmente por hacerse de dinero para pagar las deudas que contrajo en la campaña de proselitismo.

Aclaró que las imputaciones de la síndico y los regidores están sustentadas en datos de la ASE, las cuales no están sujetas a interpretaciones porque se trata de datos duros.

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