Juez de Distrito ordena acción legal contra coordinadores de la CRAC en Ayutla

0
79

 Pretende liberar a un homicida confeso

Consejeros de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunciaron que son objeto de criminalización por parte del Juez Segundo de Distrito, Artemio Navarrete Sánchez, quien promueve la acción penal en contra de los integrantes de la Casa Justicia de la “El Paraíso”, por no acatar la orden de liberar a un hombre acusado de homicidio.
En conferencia de prensa, Bernardo Martínez Sierra, Federico Cantú Guzmán, Angel Jiménez Santiago, Silvino Alejandro Añorve y Eufemio Cesáreo Sánchez, coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, Caxitepec y El Paraíso, dieron a conocer que el juez Navarrete Sánchez está confrontando de manera directa al sistema de seguridad y justicia comunitario, que se encuentra sustentado en la Ley 701 y el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El diferendo surge a partir de un amparo promovido por el señor Teodoro Crisóforo Jiménez, vecino del Coyúl, en el municipio de Ayutla de los Libres, quien se encuentra sujeto a reeducación por el delito de homicidio calificado.
En la resolución contenida en el amparo 762/2019, el juez impone una multa de 190 mil pesos a los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, a los comisarios de dicha localidad y la del Coyúl, ambas del municipio de Ayutla.
También ordena al Ministerio Público Federal iniciar carpetas de investigación en contra de la CRAC y los comisarios por desacato y la privación de la libertad de Crisóforo Jiménez.
De acuerdo con las investigaciones de los coordinadores de la CRAC, en el MP de Ayutla y el federal de Acapulco se han iniciado las carpetas de investigación correspondientes, por los delitos antes mencionados.
En un tercer punto de la resolución del Juez Navarrete, se ordena a la Fiscalía General del Estado (FGE) llevar a cabo los operativos necesarios para que los coordinadores de la Policía Comunitaria y los comisarios pongan en libertad al detenido.
El Juez de Distrito sostiene que las autoridades incorporadas a la CRAC no pueden procurar ni administrar justicia, lo que de acuerdo con los promotores comunitarios, deja de lado el convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre pueblos originarios y también desconoce lo establecido en la Ley 701.
Los coordinadores de las Casas de Justicia de la CRAC sostienen que hay en el Juez Segundo de Distrito un criterio racista y restrictivo, que criminaliza al sistema normativo que dio pie al surgimiento del sistema comunitario, lo que implica “pisotear la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos en materia de pueblos indígenas.
Para defender el caso que tiene en sus manos, los coordinadores de la CRAC hicieron hincapié en el hecho de que el acusado Teodoro Crisóforo Jiménez cometió homicidio en agravio de su propio hermano, a partir de un conflicto familiar que involucra varias muertes violentas que son investigadas por la policía comunitaria y que ha detenido a más personas.
El caso de el Paraíso no es el único, también señalan que el juez Octavo de Distrito con sede en Acapulco ha promovido una demanda contra representantes de las 212 comunidades incorporadas a la CRAC, a partir de un amparo promovido por el señor Uliser Hernández Hernández, quien refieren, también tiene varios asuntos pendientes con la CRAC.

Deja tu opinión