La liberación de implicados en la desaparición de los 43, ha generado un repunte de la violencia en Iguala y municipios vecinos

Cuatro comisiones legislativas del Congreso de Guerrero solicitarán al Consejo de la Judicatura federal, que revisen la actuación de los jueces que han intervenido en el Caso Iguala, pues la liberación de algunos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ha influido de manera importante en el repunte de la violencia que actualmente padece la región Norte de Guerrero.

El 23 de enero de 2019, el Congreso local recibió la recomendación 15VG/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relacionada con el caso Iguala, por lo que se turnó a las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Pública, Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas.

En las consideraciones de la recomendación, se plantea revisar las condiciones de seguridad pública en que se encuentran los municipios del estad de Guerrero y se tomen las medidas que conforme a sus atribuciones permitan restablecer el orden jurídico y la gobernabilidad en esta entidad federativa.

Por esa razón, en agosto de 2019 las comisiones unidas llamaron a comparecer a los alcaldes de Iguala, Taxco, Cocula, Chilapa, Ometepec, Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo, para efecto de conocer las condiciones en que se encuentran sus respectivas policías preventivas y todo el aparato de seguridad pública.

En sus comparecencias, los alcaldes hablaron sobre el cúmulo de deficiencias que enfrentan las policías preventivas a su cargo, por lo que solicitaron el respaldo del gobierno estatal y de la federación.

En el caso de Iguala, el primer edil, Antonio Jaimes Herrera reveló que las liberaciones de ex policías vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa le generaba un severo problema, pues 13 ex policías ya reclamaban el pago de salarios caídos y cada uno de ellos pretendía cobrar por lo menos un millón de pesos.

Los diputados de las comisiones unidas rechazan la aseveración de la CNDH cuando plantea “que se restablezca el orden jurídico y la gobernabilidad en esa entidad federativa”, en alusión a Guerrero.

“El defensor del pueblo no aporta pruebas o testimonios que motiven su dicho, sobre el señalamiento de la existencia de la ruptura del orden jurídico y la inexistencia de gobernabilidad”.

En caso de que exista ingobernabilidad, los representantes populares piden que la CNDH presente pruebas que acrediten la aseveración.

Del exhorto

La Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero está presidida por el diputado local del PRI Omar Jalil Flores Majúl, la de Seguridad Pública por el también militante del tricolor Heriberto Huicochea Vázquez, la de Derechos Humanos por Leticia Mosso Hernández, del PT y la de Asuntos Indígenas por el morenista Aristóteles Tito Arroyo.

En un documento de 37 páginas, los legisladores plantean un exhorto que en un primer momento va dirigido a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Fiscalía General de la República (FGR), para que cuanto antes se esclarezca el Caso Iguala, pues alcanzar dicha meta incidirá mucho en el proceso de pacificación que necesita Guerrero, ayudará a revertir el nivel de impunidad que prevalece y dará certeza sobre lo sucedido a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos.

En un segundo momento se plantea lo siguiente: “Se exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal, a que en el marco de sus atribuciones y facultades, que entre otras se encuentra la de vigilar la política de administración y de disciplina en la carrera judicial, informe a este honorable Congreso de Guerrero, de cuales han sido los motivos validos o evidentes, las circunstancias o circunstancia, argumentos jurídicos o de otro tipo, que han permitido la liberación o encarcelamiento de los indiciados vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, del denominado Caso Iguala y de otras personas asesinadas los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.

En consecuencia, las comisiones unidas solicitan que se informe o comunique si se han encontrado irregularidades vinculadas a la administración de justicia, corrupción, faltas en el servicio público u otra acción que pervierta la función jurisdiccional de los juzgadores encargados y responsables de administrar justicia, relacionada con la administración y juicio de la causa vinculada al Caso Iguala y los indiciados en dicho proceso “.

Violencia, la consecuencia inmediata de las liberaciones

La mañana del lunes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno estatal, David Portillo Menchaca declaró que el repunte de la violencia en Iguala, podría estar relacionada con la liberación de algunas personas que al salir de prisión, ahora buscan recuperar espacios que anteriormente ocupaban.

El presidente de la Comisión de Justicia, Omar Jalil Flores Majúl reconoce que se debe de tomar en cuenta lo que señala el titular de la SSP.

De ahí la importancia de saber si los juzgadores a cargo del Caso Iguala cometieron alguna irregularidad al momento de exonerar a los implicados.

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