Dos dirigentes distribuían con criterios políticos el presupuesto de 105 prepas populares

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 De 2014 a 2018, se pagaba más a quienes participaban en las protestas, no a quienes trabajaban más frente a grupo

El diputado local por el PRI, Omar Jalil Flores Majúl sostuvo que la presión no puede mantenerse como constante de los representantes de prepas populares para obtener recursos, puesto que hasta 2018, el presupuesto asignado por el Congreso local era manejado por dos dirigentes y se distribuía con criterios políticos, no académicos.
Flores Majúl recordó que son 105 las prepas populares que se encuentran distribuidas en las siete regiones de la entidad, con una platilla de 12 mil 600 alumnos atendidos por 986 docentes, quienes están obligados a ofrecer calidad en la educación.
Indicó que hay demandas que se reconocen como legítimas, pero indicó que no deben conducirse de manera sistemática en la ruta de la presión.
Cuando se habla de un proyecto académico, refirió que no es positivo que se pida el respaldo cerrando carreteras o la Autopista del Sol.
Recordó que en 2019, el Congreso pudo destinar para prepas populares un presupuesto de 64 millones de pesos, el cual se reconoció, era el más alto recibido desde su integración, de tal maneta que anunciaron la remodelación de algunas de sus instalaciones.
El representante popular manifestó que las prepas populares deben entrar a una ruta de institucionalización, para que los planes y programas de estudios sean reconocidos, cumplan con estándares de calidad y se deje de lado cualquier riesgo de corrupción.
Recordó que de 2014 a 2018, el recurso de prepas populares se otorgaba a dos dirigentes: el 60 por ciento a Simón Ramos Aburto y el 40 por ciento a Emiliano Carreto, quienes dijo, lo distribuían sin criterio académico y mas bien con un criterio político, apoyando únicamente a los asistentes a las marchas.
Recordó que ambos grupos tienen pendiente la comprobación de dichos recursos ante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Recordó que fue en 2019 cuando se conformó una comisión en la que muchos participaron la SEG, el Congreso local y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en la que se establecieron los lineamentos para que los salarios se pagaran conforme a su carga horaria.
Fue así como se consiguió tener un ahorro de 2.9 millones de pesos, recurso que ahora los representantes de prepas populares exigen que se distribuyan a manera de bono, lo que indicó, administrativamente no procede.

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