Reconoce Gobierno de Guerrero la existencia de Mil 500 desplazados

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Principalmente en Zirándaro, Leonardo Bravo, Zitlala y Heliodoro Castillo

 El secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame reconoció que en Guerrero hay mil 500 desplazados por violencia, principalmente en municipios como Leonardo Bravo, Zitlala, Zirándaro y Heliodoro Castillo.

Explicó que desde la administración estatal hay protocolos, programas y estrategias de atención a esos grupos vulnerables, como fue el caso de los desplazados de Huayameo y los últimos de Zihuaquio “inmediatamente se levantó un censo y se les dotó de apoyo humanitario, servicios y atención básica, con despensas, colchonetas, además artículos que se requieren para proporcionar la mejor condición posible.

Por otro lado, informó que el gobierno del estado está abierto a recibir y analizar las propuestas de reformas a la Ley 701 de reconocimiento a los derechos y cultura indígena “que sean viables y no sea anticonstitucional”, aseguró el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

Dijo que a quienes quieren proponer reformas a la Ley 701, el gobernador Héctor Astudillo les ha dicho que si son viables delante, “estamos abiertos a ellas” y agregó que “para eso se requiere de diálogo, y nosotros vamos a tener la próxima semana una reunión con algunos diputados con el propósito de que nos pongamos de acuerdo. No hay un dogma y todo lo que sirva para mejorar lo vamos a promover”.

Sobre las propuestas de reforma que plantean líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ante el Congreso Local, el responsable de la política interior del gobierno estatal mencionó que se van a revisar “en todo lo que sea viable y no sea anticonstitucional”.

Salazar Adame comentó que la Ley 701 establece que los policías comunitarios deben ser habitantes de la comunidad a la que sirven, ser electos en la asamblea para que se sepan que son vecinos del lugar y responder al mandato de las autoridades comunitarias, actuar sólo dentro del área de sus propias comunidades y no usar armas exclusivas del ejército Mexicano.

Agregó que con el cumplimiento de esos requisitos se asegura que las corporaciones de policías comunitarias sean legítimamente de las comunidades y se evitan infiltraciones que pueden ser de grupos criminales.

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