Los proyectos generan confrontación verbal entre feministas y activistas pro vida

El Congreso de Guerrero vivió una jornada de polarización cuando la fracción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para legalizar el aborto en caso de violación; mientas que el PAN presento una propuesta en la que se pretende preservar la vida desde la concepción.
Ambos proyectos causaron confrontación verbal entre grupos feministas y laicos pro vida que hiciera acto de presencia en las instalaciones del Poder Legislativo.
Desde las 10 de la mañana, católicos y creyentes religiosos marcharon hacia el Congreso local para expresar su rechazo a la iniciativa.
Integrantes de grupos feministas también acudieron al Palacio Legislativo, pero en respaldo al proyecto.
Ambos grupos tuvieron acceso al recinto para presenciar la sesión de Pleno; desde gayola, protagonizaron una confrontación que incluyó gritos y abucheos.
La diputada Blanca Celene Armenta Piza fue la encargada de presentar la iniciativa a nombre de la fracción parlamentaria de Morena, la cual pretende reformar la fracción uno del artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero y homologarla con la Norma Oficial Mexicana 046.
En la exposición de motivos, argumentó que el acceso a un aborto libre, seguro e informado en caso de violación es una cuestión de “derechos humanos”.
Explicó que con la reforma al Código Penal del Estado se eliminaría el obstáculo de la denuncia ante el Ministerio Público de las mujeres víctimas de violencia, para que puedan acceder a un aborto en caso de violación.
La legisladora aclaró que los diputados de Morena están “a favor de la vida y no de la muerte”.
De manera particular dijo que profesa la religión católica, pero subrayó que también está a favor de un Estado Laico.
“Soy simple y llanamente vocera de aquellas niñas, mujeres y adolescentes a las que se les ha negado ser escuchadas, aquellas que han vivido y sufrido las consecuencias no solo de una cruel violación sexual, sino también las consecuencias de vivir un embarazo forzado y la condena de parir una niña o niño no deseado. Y también de aquellas que viven con el miedo permanente de correr la misma suerte, sabiéndose desprotegidas”, expuso.
Armenta Piza aseveró que garantizar un derecho humano “no puede pasar por el tamiz de las creencias religiosas” de los diputados.
“No estamos aquí para representar a la Iglesia, ni siquiera a un partido político, estamos aquí para construir el marco jurídico que proteja el interés general, el interés superior de las niñas y adolescentes, muy independiente y por encima de nuestras creencias religiosas”, sentenció desde la Tribuna.
Advirtió a los legisladores que votar en contra de la iniciativa “condenaría” a las adolescentes, niñas y mujeres a “mutilar su proyección de vida”.
La diputada morenista detalló que a nivel nacional, cada año 11 mil niñas se convierten en madres, 34 al día, embarazadas en hechos de violencia sexual que ocurren, principalmente, en el seno familiar.
Indicó que todos los casos de las menores de 15 años deben entenderse como producto de un abuso sexual.
En ese sentido, indicó que Guerrero es uno de los estados en los que prevalecen altos índices de embarazo de mejores de 10 a 14 años.
“¿Permitir esto y ser cómplices es defender la vida?”, cuestionó la legisladora, lo que generó abucheos por parte de los grupos religiosos que observaban desde gayola.
Después advirtió que si el Congreso del Estado no reforma el Código Penal, daría lugar a una segunda declaratoria de Alerta por Violencia de Género.
Recordó que la interrupción del embarazo producto de una violación es un derecho reconocido en las leyes mexicanas y en preceptos internacionales firmados por el Estado Mexicano.
Armenta Piza pidió a los diputados “no caer en el falso argumento de que la reforma promueve el libertinaje y los hospitales se llenarán de mujeres que quieran abortar”.
Aclaró que la despenalización del aborto es una iniciativa diferente que la bancada de Morena presentará en otro momento.
También exigió a los legisladores que no impongan a las víctimas de violación “un embarazo forzado y una vida de conflictos tan solo para darle gusto a los sectores o al electorado”.
El proyecto se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

-Diputados retiran su respaldo a la iniciativa

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Alberto Catalán Bastida, informó que la diputada morenista Nilsan Hilario Mendoza envió un oficio en el que solicitó que se retire su nombre y firma del proyecto.
Cuando se dio lectura a la iniciativa, se indicó que ésta contaba con el respaldo de los diputados Norma Otilia Hernández, Mariana García Guillén, Celeste Mora Eguiluz, Marco Antonio Cabada, Luis Enrique Ríos Saucedo, Aristóteles Arroyo, Moisés Reyes, Osiel Pacheco, Adalid Pérez y Arturo Martínez Núñez
Sin embargo, el diputado Adalid Pérez Adame levantó la voz desde su curul para aclarar que no está a favor del proyecto.
“Yo no firmé esta iniciativa, de ninguna manera está suscrita por su servidor”, gritó desde su asiento.
La aclaración generó aplausos por parte de los manifestantes pro vida, pero también exacerbó a las feministas que le gritaron “¡machista!” desde las gradas.
La discusión entre los grupos religiosos y las activistas feministas escaló a gritos; por ello, la Mesa Directiva decretó un receso de 10 minutos.

Iniciativa por la vida

La diputada local de PAN, Guadalupe González Suástegui presentó una propuesta a la que denominó «iniciativa por la vida», que considera la modificación a los artículos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, con el que se pretende definir de manera expresa el concepto de persona humana y garantizar la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural.
La panista manifestó que el derecho a la vida es un atributo inseparable de la persona humana, que es la protagonista principal y debe ser el destino final de toda política púbica; por eso manifestó que el embrión humano es ya en sí mismo una persona, con identidad y por consiguiente tiene el derecho a la vida, en consecuencia derecho a la protección del Estado y de la misma sociedad.
Esta propuesta generó el respaldo de los grupos pro vida y el rechazo de las activistas de los colectivos de mujeres.

Deja tu opinión