Para evitar que se siga criminalizando a la Policía Comunitaria, también para que hagan uso de sus sistemas normativos en los comicios de 2021

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) solicitó al Congreso de Guerrero que dictamine, discuta y apruebe la reforma constitucional presentada en diciembre de 2019 por la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicamos, para que se armonice en Guerrero la legislación, de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos originarios.

En un escrito que este jueves 14 de mayo ingresó al Congreso local, la CRAC-PC refiere que se trata de un sistema de seguridad y justicia indígena que agrupa a los pueblos Mepha´a, Na Savi, Naua, Nn´anncue y Afromexicano, que tiene presencia en 28 municipios y 173 comunidades del estado.

“Hacemos un atento y respetuoso llamado a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a los diputados y diputadas de la LXII legislatura del Congreso del estado de Guerrero para que dictamine, discuta y apruebe la reforma constitucional presentada el 17 de diciembre de 2019 por el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de dicha legislatura, Aristóteles Tito Arroyo.

En el documento, se señala que diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos la Relatora de la ONU sobre Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya han instado al Estado Mexicano, pero en particular al Congreso del Estado para que la legislación estatal se armonice con los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas.

Se destaca que existen órganos jurisdiccionales que han emitido resoluciones que obligan a esta soberanía estatal a legislar para reconocer los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero.

En el contexto que hay sobre el tema, los representantes de las casas de justicia de la CRAC-PC, señalan que en agosto de 2018, la legislatura estatal pasada realizó una reforma a la Constitución Política del Estado de Guerrero y las Leyes 701 de Reconocimiento, derecho y Cultura de las comunidades y pueblos indígenas del Estado de Guerrero y 777 de Seguridad pública, que resultó regresiva, entre otras cosas porque no se consultó a los Pueblos indígenas y Afromexicanos, tal y como lo declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución de fecha 20 de abril del año 2020.

En consecuencia, los Pueblos indígenas y Afromexicanos junto con la Comisión de Asuntos indígenas de la legislatura actual iniciaron un proceso legislativo, consultando a los pueblos mediante un parlamento abierto de cuatros sesiones y 10 foros de consulta.

Tras el desahogo de dichas actividades, la Comisión de Asuntos indígenas presentó la iniciativa que ahora la estudian los Diputados que integran la Junta de Coordinación Política.

Entre otras cosas, refieren que el proceso electoral de 2021 iniciará normalmente el mes de septiembre de este año, dicha circunstancia reduce de manera considerable el tiempo que dispone esta legislatura para aprobar la iniciativa de mérito, dado que una vez iniciado el proceso electoral los pueblos indígenas y Afromexicanos no podrán ejercer sus derechos políticos en un marco e autonomía y libre determinación, eligiendo nuestro gobierno de acuerdo a nuestros sistemas normativos, “puesto que no existiría un reconocimiento constitucional en el estado de Guerrero que nos permita este ejercicio”.

Si la reforma no se aprueba antes de que finalice este mes, los pueblos originarios tendrían que esperar hasta el próximo año para que sus derechos sean reconocidos.

Por eso advierten: “ Seguir postergando la dictaminación de la iniciativa de Ley de mérito tiene un claro objetivo político partidista de hacer nugatorios nuestros derechos y evitar que los Pueblos indígenas y Afromexicanos participemos en el proceso electoral del 2021 en condiciones de igualdad política, eligiendo nuestros gobiernos de acuerdo a nuestros sistemas normativos”.

También señalan que la CRAC-PC como autoridades indígenas que realizan tareas de seguridad pública, justicia y reeducación se encuentran en un vacío jurídico que los coloca en la ilegalidad, por lo que ministerios públicos y jueces han empezado a desplegar acciones penales en contra de las autoridades indígenas y Afromexicanas, criminalizando el ejercicio de los sistemas normativos.

“Seguir esperando la aprobación de la iniciativa que recoge cabalmente nuestros derechos es continuar criminalizando, persiguiendo y encarcelando injustamente a nuestras autoridades de la CRAC-PC”, insisten.

En el cierre del texto, que será turnado a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las cinco casas de justicia de la CRAC solicitan a las y los diputados del Congreso local, que dictaminen la iniciativa de Ley en mención a la brevedad, pues es momento de reconocer los derechos que han sido negados históricamente.

Indican: “Es preocupante que se siga ninguneando a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos postergando la discusión de una iniciativa de Ley que condensa la demanda que hemos impulsado por más de 30 años de manera ininterrumpida y que puede representar una oportunidad para cambiar las condiciones de exclusión social en las que nos encontramos, amén de que nos da herramientas y certidumbre para enfrentar circunstancias adversas como la pandemia que azota nuestro país”.

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