Garantizan paridad de género en la integración del Congreso y ayuntamientos

Sancionan la violencia política hacia las mujeres


Aprueban acciones afirmativas a favor de pueblos indígenas y afromexianos, pero se divide la bancada de Morena

El Congreso local aprobó aprobó por unanimidad las reformas y adiciones a disposiciones de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, de igual manera la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre violencia política en razón de género, lo que salió por mayoría de votos fue lo relacionado con la acción afirmativa a las candidaturas de origen indígenas o afromexicanas.

La jornada del lunes 1 de julio, el Congreso de Guerrero sesionó de manera presencial por primera ocasión desde que se entró al confinamiento motivado por la pandemia del Coronavirus.

Con base a las modificaciones realizadas, en el proceso electoral del 2021, la violencia política contra las mujeres en razón de género será sancionada en el estado de Guerrero.

Para su aprobación fueron necesarias dos sesiones, las cuales se realizaron en la explanada Benito Juárez, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria por la alta incidencia de contagios de Covid 19 que se vive en la entidad, sin acceso a los medios de comunicación.

Los dictámenes fueron presentados por integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género, quienes previamente llevaron a cabo sesiones digitales para analizar y aprobar el dictamen desde la semana pasada.

La diputada Ericka Valencia Cardona informó que las reformas al Sistema de Impugnación en materia electoral y violencia política es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Agregó que la nueva legislación establece un Catálogo de Medidas de Seguridad para el tratamiento integral y la erradicación de la violencia política, con el objetivo de que no haya impedimento alguno para que la mujer pueda hacer efectivo sus derechos políticos.

También se explicó que la obstaculización de los derechos de las mujeres a la asociación o afiliación política, por parte de algún organismo público o privado será considerada como violencia en razón de género.

Además, los partidos políticos no podrán ocultarles a las mujeres, la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, ni obstaculizar su precampaña o campaña política.

La nueva Ley dice que si alguna autoridad estatal o municipal limitan o impide el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres, el hecho será causa de responsabilidad administrativa y hasta penal.

En las reformas aprobadas este lunes, se garantiza la paridad de género en la integración del Congreso local y los municipios con un 50 por ciento para cada género, lo que pasa por obligar a los partidos a postular a mujeres en los distritos y municipios en que haya tenido competitividad en la anterior contienda electoral.

Se divide Morena en las acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos

En la parte en que no se alcanzó la unanimidad fue en lo relacionado con la reforma parcial en materia de derechos de los pueblos originarios y afromexicanos, que atiende únicamente una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que establece la obligación de aplicar la acción afirmativa a candidaturas de origen indígenas o afromexicanas, misma que debe entrar en vigor en los comicios venideros.

Los diputados por Morena Aristóteles Tito Arroyo, Luis Enrique Ríos Sacudo, Antonio Helguera Jiménez, Nilsan Hilario, Marco Antonio Cabada, Perla Xóchil García, Blanca Celene Armenta Piza, Carlos Cruz López y Zeferino Gómez Valdovinos votaron en contra del dictamen, al considerar que se trataba de una reforma parcial que viola el derecho de los pueblos originarios y afromexicanos a ser consultados.

Dicha reforma fue consecuencia de la resolución del TEPJF en torno al juicio para la protección de los derechos políticos electorales, contenido en el expediente número SCM-JDC-402/2018, en el que se mandata a los partidos políticos a que en municipios y distritos con población indígena y afromexicana, igual o mayor al 40 por ciento de su población, la mitad de sus candidatos deben pertenecer a dichos pueblos originarios o afrodescendientes, para garantizar el acceso a espacios de poder público.

En ese dictamen hubo 35 votos a favor de representantes populares del PRI, PRD, PT, PVEM, PAN, MC y Morena.

La bancada mayoritaria en este tema votó dividida.

Aristóteles Tito Arroyo, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas e integrante de la bancada de Morena, votó contra el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, porque sostuvo que no se cumplió en todos sus términos el mandato del TEPJF, debido a que no se realizaron las consultas a los pueblos originarios y afromexicanos, antes de dictaminar el tema, situación que deja el acuerdo del Congreso en una condición vulnerable.

La comisión de Justicia, que preside el Omar Jalil Flores Majul, integrante de a bancada del PRI, argumentó las consultas no se pudieron realizar por la contingencia sanitaria que se enfrenta en todo el país.

En la reforma, de acuerdo con el diputado Tito Arroyo, no aplica el principio de progresividad sino de “regresividad”, por eso recordó que el 17 diciembre presentó una iniciativa que fue vinculada para cumplimiento de la sentencia 402/2018 de la SCJN.

A favor de la reforma votó el morenista Arturo Martínez Núñez, quien reconoció que existen dudas fundadas en contra del dictamen y que estas podrían derivar en impugnaciones, pero señaló que votaría a favor y que llegado el momento, los diputados tendrán que “acatar las consecuencias”.

Aseveró: “El Congreso es una instancia plural y diversa, donde lo deseable se remite a lo posible, alcanzable y en este caso la voluntad política de todos los grupos parlamentarios y representaciones partidarias solo nos alcanzó fundamentalmente para concretar la homologación de la reforma federal, la concesión forzada para presentar candidaturas indígenas no responde a la exigencia legítima del ejercicio pleno de los derechos de los pueblos originarios y que se sustenten alfileres jurídicos que podrían soltarse y dar paso a la judicialización, a su impugnación ante la justicia federal”.

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