Delegado federal y secretario de Gobierno piden la intervención de la Procuraduría Agraria (PA)

Fuerzas de seguridad, del Estado y la Federación se instalaron en la zona en que comuneros de Alacatlatzala y Malinaltepec se disputan por lo menos 300 hectáreas de tierra, para evitar que se generen enfrentamientos en esa parre de la Montaña alta de Guerrero.

El problema que se agudizó en las últimas semanas entre los comuneros de Alacatlatzala y Malinaltepec, a partir de la indefinición que existe en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) respecto a que grupos es el titular de las tierras en pugna.

La tensión movilizó a personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Policía del Estado, pero también propició que la Secretaría General de Gobierno, así como el delegado federal, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros buscaran la mediación de la Procuraduría Agraria (PA), para buscar al conflicto una salida legal.

La mañana del miércoles 10 de junio, durante la sesión que todos los días desarrolla la Mesa Central para la Construcción de la Paz, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), David Portillo Menchaca informó que ya existe personal en la zona de conflicto, en un primer momento para verifica las condiciones que ahí prevalecen, pero también para salvaguardar la integridad de la población involucrada.

En torno al tema, el Delegado en Guerrero del Gobierno federal, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, junto con el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, informaron que existe coordinación para encontrar solución a través de la Procuraduría Agraria (PA), que es una instancia que también tiene injerencia en los conflictos de tierras.

El personal de seguridad, tanto del estado como federal llegó a la zona que se disputan los comuneros la jornada del martes 9 de junio, de acuerdo con los mandos, encontraron a más de 200 habitantes de “La Magueyera”, San Mateo, San Miguelito y Linda Vista apostados sobre la carretera, tenían palos y machetes para defenderse de una posible agresión.

La tensión entre los pueblos ubicados en la parte alta de la montaña se recrudeció a partir del mes de mayo, aunque fue hasta principios de julio que decidieron moverse a Chilpancingo para solicitar la intervención de las autoridades.

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