Piden en el Congreso que no se criminalice a los pueblos indígenas por la venta de niñas

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– La dote, tradición de siglos y no tiene relación con la trata de personas, aclaran

– La práctica ha dejado en la ruina a los pueblos de la Montaña, admiten

Rogelio Agustín

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, Aristóteles Tito Arroyo solicitó que no se criminalice a los pueblos originarios en los que se practica la dote, pues sostiene que se trata de una costumbre impuesta desde los tiempos de la colonia y que ha llevado a los pueblos a incrementar su miseria, lo que fue cuestionado por sus compañeras Leticia Mosso Hernández y Erika Valencia Cardona.

La tarde del jueves 24 de junio, el diputado Tito Arroyo solicitó el uso de la palabra ante el Pleno del Congreso para tratar un tema que aseguró, ha provocado una estigmatización sumamente negativa de los pueblos originarios de Guerrero, por la forma en que se ha manejado.

De inicio, reconoció que la venta de niñas para el matrimonio, como se ha difundido ampliamente, es un acto reprobable que se debe sancionar.

Sin embargo, destacó que para tener un poco de precisión sobre el tema que se plantea, se debe tomar en cuenta que existen prácticas que faltan desde hace más de 300 años, que fueron impuestos en el proceso de colonización del país como la panalua, que se refiere a la obligación de entregar a mujeres de un grupo familiar para que contraigan matrimonio con los varones de otro grupo, lo que permitió terminar con las relaciones conyugales entre familiares directos.

Con el tempo apareció la dote, que de acuerdo con el representante popular, se refería al pago que la familia de la futura novia entregaba al novio, con el fin de contribuir a la manutención de la propia mujer.

“La dote se entregaba al novio, quien la administraba y en caso de provocarse la separación, la obligación del hombre era devolverla, si la mujer moría, el marido la devolvía integra pero si se habían engendrado hijos, la cantidad se dividía entre ellos”, explicó.

Al momento en que se entregaba la dote, se elaboraba un documento en el que se anotaba la cantidad de bienes otorgados al novio y futuro esposo, “todo era valuado por un especialista y el novio se comprometía a trabajarla y multiplicarla”.

De las hijas que tuviera una familia, se anota que solo una se podía entregar en matrimonio, en tanto que las demás eran enviadas a conventos.
Precisó: “Esa costumbre fue impuesta por los colonizadores a los pueblos originarios, por lo que resultó como una forma de comerciar con el matrimonio, lo que provocó que se dejara en la miseria a los pueblos y al paso del tiempo, la practica se mantiene en algunas comunidades de extrema pobreza”.

Y por eso planteó: “No podemos criminalizar a nuestros hermanos de practicar la dote, tampoco se le puede equiparar al delito de trata de personas”.

Insistió: “La dote es una figura de matrimonio que fue impuesta, los matrimonios arreglados fueron una forma de comercio y dejaron en la ruina a nuestros pueblos”.

Lo que debe ocurrir, de acuerdo con el representante popular, es que el Estado Mexicano impulse acciones de desarrollo para acortar la brecha social, la que hace necesario atacar la pobreza desde la raíz.

Agregó: “Es necesario no seguir estigmatizando a nuestros pueblos originarios con la venta de niñas para el matrimonio, por el contrario, se deben de reconocer los derechos de nuestros hermanos y hermanas y la igualdad de los mismos, así como la libre determinación y autonomía de los pueblos, para que se desarrollen en armonía”.

Luego cerró: “Criminalizar a nuestras hermanas y hermanos es una actitud racista, ya que nuestros hermanos y hermanas siempre han sido excluidos en una serie de prejuicios, como lo hacen actualmente, atribuyendo la venta de niñas para justificar el racismo, discriminacion y criminalización, no ven la existencia de valores ancestrales”.

Aseveró que la venta de niñas se da más en las zonas no indígenas que en los pueblos originarios, a consecuencia de la descomposición social.

La venta de niñas prevalece

De inmediato, la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández sostuvo que intervenciones como la de Tito Arroyo generan mucha tristeza y malestar.

“Se siguen vendiendo a las niñas sin que el Estado garantice sus derechos a una vida libre de violencia, así como el derecho a construir si propio proyecto de vida”.

Enfatizó: “En la Montaña las niñas siguen siendo utilizadas como mercancía, bajo el argumento de que los pueblos lo hacen de acuerdo con su propia cosmovisión, lo que debe sancionarse”.

La presidenta de la comisión de Asuntos dela Mujer, Erika Valencia Cardona sostuvo que en muchas ocasiones se criminaliza a los pueblos con la cuestión de la dote, pero anotó: “Debemos reconocer que son costumbres muy bonitas cuando hay el consentimiento de las personas y cuando son mayores de edad, ya es un delito cuando no hay consentimiento, cuando las dos personas no quieren o cuando una es menor de edad”.

Recordó que a nivel nacional ya existe una reforma que sanciona la trata de mujeres disfrazada de dote.
Por eso anotó: “La dote como usos y costumbres es una tradición respetable, pero cuando se disfraza y lo que hay es tata de personas, entonces sí debe ser sancionado y para eso hay disposiciones legales”.

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