Sancionarán con 6 hasta 12 años de cárcel a quienes provoquen el desplazamiento forzado

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– La iniciativa fue presentada por la diputada Mariana García Guillén, la Comisión de Justicia la dictaminó a favor

Rogelio Agustín

La Comisión de Justicia del Congreso local, aprobó la iniciativa presentada por la diputada Mariana García Guillén, consistente en sancionar con seis y hasta doce años de prisión a quienes provoquen el desplazamiento forzado de personas en el estado de Guerrero.

A la sanción corporal, los diputados acordaron imponer el pago de tres mil a nueve mil quinientos días de multa, de la Unidad de Medida de Actualización, a quien resulte responsable de dicho delito, ya sea de manera individual o colectiva.

En la descripción de la conducta irregular, los diputados locales señalaron que la sanción alcanza a quien pretenda, mediante el uso de la violencia y actos intimidatorios, poseer, usar u ocupar temporal o permanentemente el domicilio, patrimonio, posesiones y viviendas de una persona o grupo, ocasionando el abandono de éstos.

Se trata de una reforma y adición, que se plantearon en el capítulo de delitos de Desplazamiento Interno Forzado.

Se anota que la penalidad aumentará al doble cuando se cometa en contra de grupos vulnerables, entre los que se encuentren niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, incluso periodistas y defensores de los derechos humanos.

En la reforma aprobada por el Congreso de Guerrero, se especifica que el delito de desplazamiento interno forzado y su comprobación requerirá de querella y deberá ser perseguido por la autoridad ministerial respectiva, por ser un asunto de orden público e interés social.

Se aclara que no se entiende por desplazamiento interno forzado el movimiento de población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de las personas.

La diputada Mariana García consideró importante establecer adecuaciones al Código Penal del Estado, para dejar en claro la presunción del supuesto jurídico, que implica el acto intimidatorio y violento del desplazamiento interno forzado.

La intención es que sea más comprensible el lenguaje en la materia penal, para no dejar lagunas al momento de analizar alguna querella relacionada con el mismo.

El propósito es erradicar el fenómeno social, que el propio gobierno del estado ha reconocido abiertamente.

De acuerdo con el reporte anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Guerrero superó a Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa en la incidencia de este delito, dejándolo como el estado de la República Mexicana donde más personas se desplazan de sus hogares debido a conflictos violentos suscitados desde el año 2018.

De acuerdo con el reporte oficial, más de 5 mil personas han dejado sus hogares en al menos 22 comunidades de ocho municipios de Guerrero, siendo estos San Miguel Totolapan; Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión.

Las causas más recurrentes del desplazamiento son agresiones directas y enfrentamientos entre grupos delictivos, que dejan en medio a las familias que son ajenas a los grupos en pugna.

Las víctimas de desplazamiento, son por lo general niños, niñas y adolescentes, indígenas, estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y mayoritariamente mujeres, madres de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de su familia.

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